A cuatro días del golpe del 24 de marzo de 1976, el policlínico Alejandro Posadas de Haedo fue tomado militarmente. A través de listas negras se seleccionó al personal que sería detenido. Entre mediados de ese año y el 77 funcionó allí un campo de concentración. Son decenas los trabajadores que aún continúan desaparecidos.
El pánico sería el denominador común de los días en el hospital Posadas. Existen testigos que narran que las listas negras mutaban continuamente. Atravesar un control por la mañana no era sinónimo de poder sortearlo a la salida. La amenaza de la detención recorría los pasillos del centro de salud.
Un presentimiento de que lo peor estaba por venir enrarecía el aire en el Posadas. Después de golpe del 24 de marzo de 1976, los trabajadores convocaron a una asamblea para evaluar la situación que se abría con los militares en el poder. Estaba claro que el proceso de democratización emprendido en los años anteriores así como la apertura a la comunidad estaba llegando a su fin. El operativo del 28 de marzo comandado por el general Reynaldo Benito Bignone así lo confirmó.
Si bien su designación como delegado de la Junta Militar en el Área de Bienestar Social data de un día después a la toma del Posadas, Bignone fue quien tuvo a su cargo esa acción. Tanques, bayonetas, soldados a doquier, helicópteros, largos celulares para cargar a los trabajadores componían un paisaje aterrador. Los trabajadores se acomodaban en largas filas, esperando que los militares revisaran las listas y determinaran su suerte. Ese fue el único día en la historia del hospital en que no se admitió a ningún paciente ni se otorgó ningún alta.El pánico sería el denominador común de los días en el hospital Posadas. Existen testigos que narran que las listas negras mutaban continuamente. Atravesar un control por la mañana no era sinónimo de poder sortearlo a la salida. La amenaza de la detención recorría los pasillos del centro de salud.
Una médica recordó ante el juez Daniel Rafecas cómo una colega había sido arrancada de una sala mientras revisaba a sus pacientes.
Tras el procedimiento militar apareció como interventor el coronel médico Agatino Federico Di Benedetto quien dispuso el licenciamiento de unos 66 empleados a partir del 1° de abril de 1976 así como declaró en comisión a todo el personal. Las licencias, en términos generales, coincidían con la nómina de trabajadores detenidos ilegalmente. El mismo Bignone reconoció que el nombramiento de Di Benedetto obedeció a su"conocimiento anterior de las condiciones de idoneidad y moralidad".
Tras el procedimiento militar apareció como interventor el coronel médico Agatino Federico Di Benedetto quien dispuso el licenciamiento de unos 66 empleados a partir del 1° de abril de 1976 así como declaró en comisión a todo el personal. Las licencias, en términos generales, coincidían con la nómina de trabajadores detenidos ilegalmente. El mismo Bignone reconoció que el nombramiento de Di Benedetto obedeció a su"conocimiento anterior de las condiciones de idoneidad y moralidad".
Esas condiciones le posibilitaron incorporarse con posterioridad a la dirección del hospital de Campo de Mayo y ser uno de los activos partícipes del plan sistemático de apropiación de niños y niñas montado por la dictadura. De hecho, en 1998 fue citado a declarar y admitió que en el hospital de Campo de Mayo dieron a luz embarazadas que habían sido secuestradas, y que los hijos de ellas eran robados por el Ejército.
Durante el primer período de la ocupación del policlínico Posadas, más de 40 personas fueron detenidas. La mayoría, dentro del hospital. Aunque esa no fue la única metodología.
Durante el primer período de la ocupación del policlínico Posadas, más de 40 personas fueron detenidas. La mayoría, dentro del hospital. Aunque esa no fue la única metodología.
El nefrólogo Camilo Campos fue chupado en su casa, ubicada a cinco cuadras de su lugar de trabajo. Los trabajadores Ubaldo Álvarez, Liliana Conti, Oscar Moyano y María Rodríguez fueron secuestrados en un bar cercano a la universidad de Morón.
Casi la totalidad de lo detenidos fue alojada algún tiempo en dependencias del Posadas, mientras sus compañeros veían como avanzaban con los rostros tapados o a punta de fusil. Después, fueron trasladados a la Superintendencia de Seguridad Federal, a la Unidad 2 de Devoto o a la unidad 8 de Olmos, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Federal. En muchos de los casos, los secuestrados pasaron previamente por la Unidad Regional 1 de Morón de la Policía bonaerense. Todos los traslados se hicieron en patrulleros o celulares policiales, dejando en evidencia la colaboración prestada por la Policía al Ejército, a cargo de la subzona hasta ese entonces.
"Hay varios compañeros que estuvieron meses en cárcel", relata Fabia Ruíz Vargas, actual trabajadora del hospital Posadas e hija de Josefina Pedemonte, una de las trabajadoras desaparecidas. Si bien posteriormente fueron legalizados, fueron días en que familiares y compañeros no sabían qué destino habían corrido estas personas llevadas a fines de marzo desde su lugar de trabajo.
Tiempo después de estas detenciones y de la llegada de Di Benedetto, aparecieron en escena tres hombres que se presentaban como abogados del Ministerio de Bienestar social. Saravia, Milseo y Centeno- tal como se dieron a conocer- interrogaban al personal que había sido liberado así como a personas que aún estaban en cautiverio. El interrogatorio versaba sobre las inclinaciones políticas y las supuestas actividades subversivas cometidas en el centro de salud. Amanda Morales fue quien el jefe de personal designó para tipear las declaraciones.
Era una casa de dos plantas y la parte inferior era empleada por los mismos torturadores. Tal como afirmó la sobreviviente Gladys Cuervo, el lugar no era ajeno a la macabra dualidad que embargaba a todo el hospital Posadas. Un día, mientras padecía el cautiverio, escuchó risas de chicos que venían de la planta baja. Al rato, se enteró que la hija de uno de los represores estaba de visita.
La actividad de los swat en el chalet se hizo insostenible para finales de enero de 1977 cuando la Fuerza Aérea, a cargo de la subzona desde el lanzamiento de la disposición "Provincia" que la habilitaba a intensificar la lucha "antisubversiva" en la zona oeste, realizó un operativo militar que concluyó con la detención de los swat y el desmantelamiento del chalet. Los detenidos pasaron a estar en poder de la Aeronáutica. El botín de guerra sólo pasaba de manos
En simultáneo con el alejamiento de los swat se produjo la separación e su cargo del coronel médico Julio Ricardo Estéves. Dentro de los torturadores identificados, a mediados de la década de 1980, por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) se encontraban Luis Muiña, José Faraci, Oscar Teves, Hugo Delpech, Juan Copteleza, Victorino Acosta, Ricardo Nicastro, Cecilio Abdenur, Argentino Ríos y Alberto Benavidez. Nicastro era el jefe de servicio de vigilancia, o sea, del grupo denominado swat.
Casi la totalidad de lo detenidos fue alojada algún tiempo en dependencias del Posadas, mientras sus compañeros veían como avanzaban con los rostros tapados o a punta de fusil. Después, fueron trasladados a la Superintendencia de Seguridad Federal, a la Unidad 2 de Devoto o a la unidad 8 de Olmos, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Federal. En muchos de los casos, los secuestrados pasaron previamente por la Unidad Regional 1 de Morón de la Policía bonaerense. Todos los traslados se hicieron en patrulleros o celulares policiales, dejando en evidencia la colaboración prestada por la Policía al Ejército, a cargo de la subzona hasta ese entonces.
"Hay varios compañeros que estuvieron meses en cárcel", relata Fabia Ruíz Vargas, actual trabajadora del hospital Posadas e hija de Josefina Pedemonte, una de las trabajadoras desaparecidas. Si bien posteriormente fueron legalizados, fueron días en que familiares y compañeros no sabían qué destino habían corrido estas personas llevadas a fines de marzo desde su lugar de trabajo.
Tiempo después de estas detenciones y de la llegada de Di Benedetto, aparecieron en escena tres hombres que se presentaban como abogados del Ministerio de Bienestar social. Saravia, Milseo y Centeno- tal como se dieron a conocer- interrogaban al personal que había sido liberado así como a personas que aún estaban en cautiverio. El interrogatorio versaba sobre las inclinaciones políticas y las supuestas actividades subversivas cometidas en el centro de salud. Amanda Morales fue quien el jefe de personal designó para tipear las declaraciones.
El chalet
En lo que hoy es la escuela de enfermería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el mismo predio del hospital, funcionó un centro clandestino de detención conocido como "el chalet". Por los testimonios de los sobrevivientes de ese campo de tortura y muerte, se pudo deducir que funcionó entre fines de 1976 y principios de 1977 y estuvo controlado directamente por los swat.Era una casa de dos plantas y la parte inferior era empleada por los mismos torturadores. Tal como afirmó la sobreviviente Gladys Cuervo, el lugar no era ajeno a la macabra dualidad que embargaba a todo el hospital Posadas. Un día, mientras padecía el cautiverio, escuchó risas de chicos que venían de la planta baja. Al rato, se enteró que la hija de uno de los represores estaba de visita.
La actividad de los swat en el chalet se hizo insostenible para finales de enero de 1977 cuando la Fuerza Aérea, a cargo de la subzona desde el lanzamiento de la disposición "Provincia" que la habilitaba a intensificar la lucha "antisubversiva" en la zona oeste, realizó un operativo militar que concluyó con la detención de los swat y el desmantelamiento del chalet. Los detenidos pasaron a estar en poder de la Aeronáutica. El botín de guerra sólo pasaba de manos
En simultáneo con el alejamiento de los swat se produjo la separación e su cargo del coronel médico Julio Ricardo Estéves. Dentro de los torturadores identificados, a mediados de la década de 1980, por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) se encontraban Luis Muiña, José Faraci, Oscar Teves, Hugo Delpech, Juan Copteleza, Victorino Acosta, Ricardo Nicastro, Cecilio Abdenur, Argentino Ríos y Alberto Benavidez. Nicastro era el jefe de servicio de vigilancia, o sea, del grupo denominado swat.
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