La gran estafa de Ramos Mejía: avanza la investigación sobre el local de pagos que le cobró a vecinos y nunca transfirió el dinero

La justicia allanó el local de Espora 111 y posó su mirada sobre el dueño del fondo de comercio, que curiosamente tenía en su poder las llaves de la caja fuerte pese a que aseguró que había vendido la estructura. Son más de 10 las denuncias presentadas en Fiscalía.
La justicia avanza para intentar determinar qué fue lo que pasó con la estafa que sufrieron vecinos de Ramos Mejía que pagaron sus boletas con vencimiento en el local de Rapipago ubicado en la calle Espora 111, pero que las empresas aseguran no haber recibido los respectivos montos que las víctimas abonaron.

Desde la Fiscalía Nº 5 de La Matanza realizaron un allanamiento en el lugar en donde se constató un hecho que, al menos, llamó la atención y por el cual el propietario del negocio debe dar explicaciones. Asimismo, con el correr de los días y luego de que Primer Plano On Line revelara el testimonio de una mujer que fue la primera en presentarse a la justicia para denunciar la estafa, se presentaron ante el fiscal Marcelo Diomedé una serie de testimonios y pruebas documentales de otras personas que también están en la misma situación: con deudas de facturas que ya habían pagado.

Según pudo saber éste medio en base al relato de fuentes judiciales vinculadas a la causa, Federico Ginés Denegri Porcheti era el inquilino del local de y propietario de la licencia de Rapipago. Aunque en base a lo que él mismo informó a la justicia, le vendió el fondo de comercio a un señor llamado Aníbal Sebastián Acosta, que fue quien puso el Pago Fácil para seguir explotando el negocio pero con otra firma por más que la cartelería del local seguía siendo de Rapipago.

La cartelería del local fue retirada hace ya varios días mientras sigue la investigación

Justamente de Pago Fácil son los sellos y los tickets que recibieron los damnificados y todos por parte de una mujer embarazada, con panza pronunciada, a punto de parir. Esa fue la coincidencia que describieron todos los que se presentaron en la Fiscalía a presentar la documentación respaldatoria de lo que consideran una estafa. Pero hay un dato que llamó la atención de los investigadores: el antiguo operador, Porcheti, conservaba la llave de la caja de seguridad, que estaba vacía.

En rigor, la Policía acudió al lugar, que permanece cerrado, con auxiliares judiciales y con un cerrajero, pero cuando el profesional de las aberturas fue convocado para abrir la caja de seguridad el hombre se excusó al argumentar que él no tenía tecnología para abrirla. Fue él quien sugirió la idea de que llamen a Rapipago, porque ellos tenían que tener la forma de abrirla. Y la empresa acudió, pero indicó que tenían sólo una de las dos llaves de la caja. La otra la tenía que tener el propietario Porcheti, que efectivamente contaba con eso. Cuando se presentó, abrieron la caja y estaba vacía.

Desde el punto de vista procesal, por ahora Porcheti no está imputado, pero sí es quien tiene que explicar por qué dejo trabajar a la embarazada y qué pasó con el dinero recaudado en esos días, hasta que la persiana se bajó. El contrato que acompañó de la venta del fondo de comercio para la justicia no alcanza y si no logra atender la requisitoria con solvencia entonces pasará a tener otra figura en la causa, además de tener que enfrentar las demandas civiles que propongan los damnificados.

Primer Plano On Line se contactó vía telefónica con él, pero prefirió no hacer declaraciones argumentando que todo estaba en manos de su abogado. La empresa Rapipago se desligó del caso, aseguró que no recibió el dinero de ninguna de las boletas y Pago Fácil desconoce que los números de operaciones que aparecen en los tickets le pertenezcan. Mientras, los vecinos siguen siendo deudores de montos que ya pagaron y que van de los 9 mil a los 40 mil pesos.

Fuente: Primer Plano

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