EL FALLO DE LA CÁMARA PENAL DE SAN MARTÍN, AL QUE TUVO ACCESO PRIMER PLANO ONLINE, TIENE FECHA DEL 8 DE MAYO PASADO. LOS EXFUNCIONARIOS DOMINGO MARTÍN LATORRACA, CECILIA NATALIA GATTA CASTEL Y ANDRÉS RENÉ RODRÍGUEZ QUEDARON A UN PASO DEL JUICIO ORAL.
En un fallo de 52 carillas, cuya resolución publica en exclusiva Primer Plano Online, la Sala 2 de la Cámara Federal en lo Penal de San Martín confirmó “parcialmente” los procesamientos de tres exdirectores del Hospital Posadas, ubicado en Morón, y revocó la imputación contra otros cinco funcionarios investigados por los delitos de “administración fraudulenta, agravado por haberse cometido en perjuicio de la administración pública”.
De esta forma, la justicia dejó el camino allanado para que Domingo Martín Latorraca y Cecilia Natalia Gatta Castel, quienes se desempeñaron en el segundo semestre de 2015 como Director Nacional Ejecutivo (interventor) y Directora de Administración Financiera, respectivamente, y de Andrés René Rodríguez, que ocupó el cargo de Director General de Recursos Humanos en el nosocomio, vayan a juicio oral y público. Confirmaron las pruebas para su procesamiento y los embargos de dos millones de pesos para el primero, y un millón de pesos a cada uno de los segundos, en calidad de coautores.
En la misma resolución, los camaristas Marcelo Darío Fernández, Alberto Agustín Lugones y Marcos Morán declararon la falta de mérito para otros cinco exfuncionarios investigados en la causa, pero en calidad de partícipes necesarios. Se trata de Lorenzo Manuel Donohoe, Pablo Adolfo Saavedra, Ricardo Ariel Rotsztein, Eddie Alan Pérez y Emilio Ramiro Fernández, quienes quedan al margen de la investigación al menos parcialmente, sin perjuicio de que su condición cambie si surgen nuevos elementos de prueba. Todos ellos tenían un embargo preventivo de 500 mil pesos salvo Donohe, que era considerado coautor y ahora quedó con sobreseído.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón encontró elementos suficientes para implicar en el delito antes mencionado a todos los otrora responsables de diversas áreas del Posadas, que el tribunal de alzada confirmó parcialmente. Son cuatro en total los ítems por los que deberán responder, según está establecido en el expediente. A saber:
1) El financiamiento con fondos rotatorios del acto llevado a cabo en la sede del mentado nosocomio, el 25 de noviembre de 2015, con motivo de la inauguración de un nuevo sector de guardia pediátrica, reacondicionamiento del hall de acceso y “pedido de perdón” a familiares exempleados desaparecidos durante la última dictadura militar, al que concurrió la Sra. Presidenta de la Nación en aquel momento. La irregularidad imputada, residiría en que la realización de ese evento y su pago con fondos rotatorios, no estaban permitidos a la referida entidad sanitaria. Para esa jornada, el Hospital Posadas contrató servicios de transporte, catering, un espectáculo artístico y su equipamiento, por la suma total de $621.800.
2) La contratación de empleados para cumplir funciones en el hospital, que supuestamente se habría producido sin cumplir los requisitos legales y en número excesivo por innecesario.
3) La adquisición de insumos que, según lo denunciado en autos, se habría realizado incumpliendo la normativa aplicable y con sobreprecios que habrían sido saldados mediante fondos rotatorios.
4) La contratación de camas suplementarias de internación, en el Centro Gallego de Buenos Aires, cuando no habría correspondido y que se sugiere habrían estado sobrevaluadas, abonándose con fondos rotatorios.
Sin embargo, sobre este último aspecto, la Cámara de Apelaciones también revocó los procesamientos de la última intervención del Posadas antes del recambio gubernamental de 2015, por considerar que el convenio con la entidad porteña había sido pactado por directivos de una administración anterior. “Se carece de elementos probatorios que puedan poner en cuestión los actos administrativos relativos a ese convenio y su pago”, indicaron los magistrados.
Ya en lo que hace a una reflexión general sobre el hecho investigado, los camaristas consideraron que “nada justifica la financiación con dinero asignado para uso exclusivo del nosocomio, de un evento con las especiales características de magnitud y falta de vínculo con los objetivos de la institución sanitaria, como el que se desarrolló en aquella sede el 25 de noviembre de 2015”.
Así, la causa tiene el terreno allanado para llegar al juicio oral y público, que seguramente podrá producirse el año próximo.
De esta forma, la justicia dejó el camino allanado para que Domingo Martín Latorraca y Cecilia Natalia Gatta Castel, quienes se desempeñaron en el segundo semestre de 2015 como Director Nacional Ejecutivo (interventor) y Directora de Administración Financiera, respectivamente, y de Andrés René Rodríguez, que ocupó el cargo de Director General de Recursos Humanos en el nosocomio, vayan a juicio oral y público. Confirmaron las pruebas para su procesamiento y los embargos de dos millones de pesos para el primero, y un millón de pesos a cada uno de los segundos, en calidad de coautores.
En la misma resolución, los camaristas Marcelo Darío Fernández, Alberto Agustín Lugones y Marcos Morán declararon la falta de mérito para otros cinco exfuncionarios investigados en la causa, pero en calidad de partícipes necesarios. Se trata de Lorenzo Manuel Donohoe, Pablo Adolfo Saavedra, Ricardo Ariel Rotsztein, Eddie Alan Pérez y Emilio Ramiro Fernández, quienes quedan al margen de la investigación al menos parcialmente, sin perjuicio de que su condición cambie si surgen nuevos elementos de prueba. Todos ellos tenían un embargo preventivo de 500 mil pesos salvo Donohe, que era considerado coautor y ahora quedó con sobreseído.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón encontró elementos suficientes para implicar en el delito antes mencionado a todos los otrora responsables de diversas áreas del Posadas, que el tribunal de alzada confirmó parcialmente. Son cuatro en total los ítems por los que deberán responder, según está establecido en el expediente. A saber:
1) El financiamiento con fondos rotatorios del acto llevado a cabo en la sede del mentado nosocomio, el 25 de noviembre de 2015, con motivo de la inauguración de un nuevo sector de guardia pediátrica, reacondicionamiento del hall de acceso y “pedido de perdón” a familiares exempleados desaparecidos durante la última dictadura militar, al que concurrió la Sra. Presidenta de la Nación en aquel momento. La irregularidad imputada, residiría en que la realización de ese evento y su pago con fondos rotatorios, no estaban permitidos a la referida entidad sanitaria. Para esa jornada, el Hospital Posadas contrató servicios de transporte, catering, un espectáculo artístico y su equipamiento, por la suma total de $621.800.
2) La contratación de empleados para cumplir funciones en el hospital, que supuestamente se habría producido sin cumplir los requisitos legales y en número excesivo por innecesario.
3) La adquisición de insumos que, según lo denunciado en autos, se habría realizado incumpliendo la normativa aplicable y con sobreprecios que habrían sido saldados mediante fondos rotatorios.
4) La contratación de camas suplementarias de internación, en el Centro Gallego de Buenos Aires, cuando no habría correspondido y que se sugiere habrían estado sobrevaluadas, abonándose con fondos rotatorios.
Sin embargo, sobre este último aspecto, la Cámara de Apelaciones también revocó los procesamientos de la última intervención del Posadas antes del recambio gubernamental de 2015, por considerar que el convenio con la entidad porteña había sido pactado por directivos de una administración anterior. “Se carece de elementos probatorios que puedan poner en cuestión los actos administrativos relativos a ese convenio y su pago”, indicaron los magistrados.
Ya en lo que hace a una reflexión general sobre el hecho investigado, los camaristas consideraron que “nada justifica la financiación con dinero asignado para uso exclusivo del nosocomio, de un evento con las especiales características de magnitud y falta de vínculo con los objetivos de la institución sanitaria, como el que se desarrolló en aquella sede el 25 de noviembre de 2015”.
Así, la causa tiene el terreno allanado para llegar al juicio oral y público, que seguramente podrá producirse el año próximo.
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