El juez Sebastián Ramos, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, procesó hoy al empresario Alfredo Coto y a su hijo Germán a raíz del hallazgo de 227 granadas dentro de tachos de basura, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, dos de lanzamiento y unas 4 mil municiones en la sucursal de la calle Paysandú al 1800, Caballito.
Las municiones las encontró la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) el 30 de agosto de 2016.
También detectó 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numerar, 9 escudos antimotines, un gas pimienta, un silenciador, un revólver, tres armas de fuego a nombre de otros usuarios, y un revólver a nombre de Alfredo Coto con el número de serie probablemente adulterado.
Ramos pidió, además, un embargo de tres millones de pesos. Y caratuló la causa como “tenencia ilegítima de materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos sin la debida autorización legal”.
Durante la indagatoria a la que se presentó en abril del año pasado, el empresario de 77 años, quien obtuvo la eximición de prisión, declaró que tenía las armas para ser utilizadas ante la posibilidad de saqueos. Y agregó que el arsenal pertenecía a Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal.
La noticia no fue editada por los grandes medios que prefirieron armar otra agenda periodística que atravesó las expectativas de los empresarios tras el Coloquio de Idea en La Nación y El Cronista y el Presupuesto en primera plana de Clarín.
Alfredo Coto fue procesado sin prisión preventiva por considerarlo “prima facie
coautor penalmente responsable de los delitos de tenencia ilegítima de materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, sin la debida autorización legal o sin que medien razones que justifiquen dicha tenencia por motivos de uso doméstico o industrial, el de acopio de armas de fuego, piezas o municiones sin la debida autorización y el de adulteración y/o supresión del número o grabado de un arma de fuego”.
Y además de su hijo, Germán Alfredo, fue procesado el prefecto Cristian Javier Oscar González.
También detectó 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numerar, 9 escudos antimotines, un gas pimienta, un silenciador, un revólver, tres armas de fuego a nombre de otros usuarios, y un revólver a nombre de Alfredo Coto con el número de serie probablemente adulterado.
Ramos pidió, además, un embargo de tres millones de pesos. Y caratuló la causa como “tenencia ilegítima de materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos sin la debida autorización legal”.
Durante la indagatoria a la que se presentó en abril del año pasado, el empresario de 77 años, quien obtuvo la eximición de prisión, declaró que tenía las armas para ser utilizadas ante la posibilidad de saqueos. Y agregó que el arsenal pertenecía a Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal.
La noticia no fue editada por los grandes medios que prefirieron armar otra agenda periodística que atravesó las expectativas de los empresarios tras el Coloquio de Idea en La Nación y El Cronista y el Presupuesto en primera plana de Clarín.
Alfredo Coto fue procesado sin prisión preventiva por considerarlo “prima facie
coautor penalmente responsable de los delitos de tenencia ilegítima de materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, sin la debida autorización legal o sin que medien razones que justifiquen dicha tenencia por motivos de uso doméstico o industrial, el de acopio de armas de fuego, piezas o municiones sin la debida autorización y el de adulteración y/o supresión del número o grabado de un arma de fuego”.
Y además de su hijo, Germán Alfredo, fue procesado el prefecto Cristian Javier Oscar González.
Fuente: Diario Anticipos
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