Instalarán centros judiciales en villas bonaerenses

Nación y provincia aunarán esfuerzos para instalar en seis de los asentamientos más grandes del conurbano los Centros Integrales de Justicia (CIJ), edificios en los que se concentrarán los recursos estatales útiles para satisfacer las necesidades socio-jurídicas de miles de habitantes de esas villas.
El programa forma parte del plan de urbanización de asentamientos provinciales impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Ayer, los ministros de Justicia de la Nación y de Buenos Aires -Germán Garavano y Gustavo Ferrari, respectivamente-, y Milagros Maylin, directora del Organismo provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), firmaron el convenio que pondrá en marcha las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia de los pobladores de los asentamientos.

El Gobierno federal invertirá $500.000.000 para la construcción de las CIJ. Esas "Casas de Justicia" se instalarán en las villas Itatí, de Quilmes; Porá, de Lanús; Carlos Gardel, de Morón; Costa Esperanza, de San Martín; Libertad, de Almirante Brown, y La Cava, de San Isidro, según informaron a la nacion fuentes de la administración provincial. En los últimos días Vidal, Ferrari y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, visitaron el asentamiento quilmeño para supervisar las obras.

El convenio tiene por objetivo facilitar el acceso a la justicia a personas a las que históricamente les ha costado acceder a determinados servicios estatales. El acuerdo prevé que el gobierno central y el provincial llevarán adelante estudios sobre necesidades jurídicas insatisfechas en esos barrios precarios, la instalación de equipos territoriales provisorios para atender requerimientos socio-legales de esas personas mientras dura el proceso de urbanización encarado por la gestión de Vidal y garantizarán la presencia de organismos públicos relacionados con el acceso a la justicia dentro de esos barrios.

Según se informó, en los CIJ funcionarán los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de la Nación, una oficina de la Dirección Nacional de Reincidencia, una de la Secretaría de Derechos Humanos federal, un Centro de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia (Cavaj) de la provincia, centros de mediación y delegaciones del Ministerio Público Fiscal federal y bonaerense. Se espera que, en los hechos, se conviertan en "Centros Cívicos" de las futuras reurbanizaciones.

"Este convenio va en sintonía con uno de los ejes de nuestro gobierno y del Nacional, que es el de consolidar el Estado de Derecho y atender los principios constitucionales para que el sistema de Justicia dé respuestas a las crecientes demandas de la población", explicó Ferrari.

El ministro enfatizó: "Este es un paso más en busca de suprimir las barreras que restringen el ejercicio pleno de derechos de los habitantes de los barrios de asentamiento de la provincia, dentro del proceso de urbanización e integración social y urbana que encaramos".

Su par nacional indicó que "estos centros son la puerta de acceso a todos los servicios del Estado". Garavano agregó que en los CIJ "los vecinos podrán hacer trámites de reincidencia, acceder a la tarifa social, a programas sociales, tramitar documentación personal, iniciar mediaciones comunitarias y, además, con un abogado, un psicólogo y un trabajador social se colaborará en casos de violencia de género o doméstica, temas de conflictos laborales o denuncias penales, consultas por el PAMI o la Ansés".

Como se consignó, el acuerdo está enmarcado en el proceso de urbanización de villas y regularización de barrios informales que encabeza el Opisu, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete provincial.

Los prolegómenos del convenio datan de marzo pasado, cuando comenzó la coordinación de acciones directas entre los equipos de Ferrari y del Opisu, el Ministerio Público Fiscal y el Centro de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia de Nación, que se materializaban en puestos móviles en el contexto del programa integral de asistencia "El Estado en tu Barrio".

Fuentes del gobierno provincial dijeron a la nacion: "Personal de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia concurre diariamente con equipos interdisciplinarios, brindando asistencia jurídica, psicológica y social a aquellos vecinos que se acercan a nuestro stand siendo víctimas de delitos graves. Se conversa con los referentes barriales con el fin de informarles de nuestro trabajo y de la asistencia que brindamos a la población, y en aquellos casos en que la consulta excede nuestra competencia se efectúan las derivaciones a otros organismos, acompañando al ciudadano en dicho trámite".

Agregaron: "Nuestro objetivo principal es que aquellas personas que residen en los barrios más alejados de los organismos estatales tengan rápido acceso a la información y a la asistencia integral que brindamos no solo a través de nuestros 22 Cavaj descentralizados en la provincia, sino también de la Dirección de Lucha contra la Trata y la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos".

Fuente: La Nación

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