Una de las iniciativas pretende que el Estado deje de hacerse cargo de los sueldos, que superan los $40.000. El otro apunta a que se equiparen a lo que percibe un docente.
Tras la media sanción en Diputados al proyecto para despenalizar y legalizar el aborto, diputados del radicalismo buscan mediante dos iniciativas diferentes ir contra los salarios de los obispos. Uno de los proyectos busca que lo que perciban sea igual a lo que gana un docente universitario, y el otro propone que el Estado deje de hacerse cargo de esos sueldos, para lo que sería necesaria la derogación de cinco decretos de la dictadura.
Esta última iniciativa fue planteada por el diputado radical Alejandro Echegaray, quien alegó que “el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”. “Si bien el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno federal ‘sostiene el culto católico apostólico romano’, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos”, afirmó Echegaray a La Voz.
En la misma línea, el legislador argumentó que el aporte económico del Estado argentino a la Iglesia Católica ya se implementa de diversas formas: como exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, mantenimiento de templos, así como también a través de cesiones de inmuebles fiscales para fines determinados, a lo que se suman los sueldos de los obispos.
Esta última iniciativa fue planteada por el diputado radical Alejandro Echegaray, quien alegó que “el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”. “Si bien el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno federal ‘sostiene el culto católico apostólico romano’, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos”, afirmó Echegaray a La Voz.
En la misma línea, el legislador argumentó que el aporte económico del Estado argentino a la Iglesia Católica ya se implementa de diversas formas: como exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, mantenimiento de templos, así como también a través de cesiones de inmuebles fiscales para fines determinados, a lo que se suman los sueldos de los obispos.
Fuente: Diario Perfil
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