"El imputado poseía la competencia funcional y era la autoridad de aplicación que debía resolver los sumarios sanitarios”, es decir, dictar y ejecutar las sanciones, determinó el juez. Lo insólito del caso: le aplicó un embargo de $2000.
Raúl Alejandro Ramos se convirtió ayer en el primer secretario de Estado del gobierno de Mauricio Macri en ser procesado y embargado por la Justicia, que consideró que existen pruebas suficientes para sospechar que protegió del Ministerio de Salud a Farmacity, la empresa que creó y lideró Mario Quintana hasta asumir como vicejefe de Gabinete.
El juez federal Sebastián Ramos consideró que su homónimo, sin parentesco, abusó de su autoridad, al retardar la aplicación de sanciones contra Farmacity, sin una justificación válida, mientras sí se sancionaba a otras farmacias sumariadas por infracciones similares. Estimó, asimismo, que como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud -máximo responsable jerárquico a la hora de imponer sanciones-, Ramos no ejecutó la ley como debía contra Farmacity, lo que en la práctica se enmarcaría en una omisión por el “retardo administrativo”.
“El imputado poseía la competencia funcional y era la autoridad de aplicación que debía resolver los sumarios sanitarios, esto es, dictar y ejecutar” las sanciones, remarcó el juez, que dispuso un embargo por la cifra simbólica de $2000. La resolución judicial encontró a Ramos ya fuera del Ministerio de Salud, donde trabajó durante nueve meses, entre febrero y noviembre de 2017, cuando se marchó junto al ministro Jorge Lemus.
Los farmacéuticos bonaerenses resisten posibles cambios a la ley provincial
Para entonces, no obstante, Ramos ya afrontaba la denuncia penal que radicó la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) por la supuesta protección que habría brindado a Farmacity, luego de que los inspectores del Ministerio de Salud informaron sobre múltiples violaciones a las regulaciones del sector. La COFA denunció que Ramos cajoneó un expediente en que sus subordinados determinaron que debía sancionarse a Farmacity para, en una segunda etapa, negarse a firmar una sancionar y ordenar que el expediente se enviara al archivo. Según la entidad denunciante, “a una vía muerta”.
El procesamiento llegó en pleno enfrentamiento entre Farmacity y los farmacéuticos bonaerenses, donde la empresa que fundó Quintana pugna por entrar. Chocó siempre con el rechazo oficial, pero desde diciembre de 2015 comenzó a recibir señales favorables a partir del cambio de época política y el arribo al poder de Cambiemos. Sin ir más lejos, la semana pasada fue la Procuración General de la Nación el organismo que avaló el reclamo de la cadena internacional al considerar como inconstitucional uno de los artículos de la Ley 10.606, que rige la actividad farmacéutica en la provincia de Buenos Aires desde 1987.
El juez federal Sebastián Ramos consideró que su homónimo, sin parentesco, abusó de su autoridad, al retardar la aplicación de sanciones contra Farmacity, sin una justificación válida, mientras sí se sancionaba a otras farmacias sumariadas por infracciones similares. Estimó, asimismo, que como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud -máximo responsable jerárquico a la hora de imponer sanciones-, Ramos no ejecutó la ley como debía contra Farmacity, lo que en la práctica se enmarcaría en una omisión por el “retardo administrativo”.
“El imputado poseía la competencia funcional y era la autoridad de aplicación que debía resolver los sumarios sanitarios, esto es, dictar y ejecutar” las sanciones, remarcó el juez, que dispuso un embargo por la cifra simbólica de $2000. La resolución judicial encontró a Ramos ya fuera del Ministerio de Salud, donde trabajó durante nueve meses, entre febrero y noviembre de 2017, cuando se marchó junto al ministro Jorge Lemus.
Los farmacéuticos bonaerenses resisten posibles cambios a la ley provincial Para entonces, no obstante, Ramos ya afrontaba la denuncia penal que radicó la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) por la supuesta protección que habría brindado a Farmacity, luego de que los inspectores del Ministerio de Salud informaron sobre múltiples violaciones a las regulaciones del sector. La COFA denunció que Ramos cajoneó un expediente en que sus subordinados determinaron que debía sancionarse a Farmacity para, en una segunda etapa, negarse a firmar una sancionar y ordenar que el expediente se enviara al archivo. Según la entidad denunciante, “a una vía muerta”.
El procesamiento llegó en pleno enfrentamiento entre Farmacity y los farmacéuticos bonaerenses, donde la empresa que fundó Quintana pugna por entrar. Chocó siempre con el rechazo oficial, pero desde diciembre de 2015 comenzó a recibir señales favorables a partir del cambio de época política y el arribo al poder de Cambiemos. Sin ir más lejos, la semana pasada fue la Procuración General de la Nación el organismo que avaló el reclamo de la cadena internacional al considerar como inconstitucional uno de los artículos de la Ley 10.606, que rige la actividad farmacéutica en la provincia de Buenos Aires desde 1987.
Fuente: Primer Plano
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