El 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la historia argentina. En esa fecha las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón.
Del mismo modo destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales como así también la de los partidos políticos. En suma clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática.
La Constitución Nacional –es decir, la ley de leyes de la República Argentina–, dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. Se inició entonces una dictadura que se instaló en el gobierno por la fuerza, por medio de lo que se denomina golpe de Estado. El gobierno de facto estuvo integrado por una Junta Militar que reunía a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el ex general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el ex almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el ex brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica.
El golpe de 1976 fue el último pero no el único. Desde 1930 nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. La supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido, lamentablemente, bastante frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado.
Algunos ciudadanos e investigadores prefieren hablar de golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque entienden que los militares no actuaron solos ni por su cuenta. La decisión de tomar el gobierno contaba con la adhesión de diversos grupos de la sociedad (sectores con gran poder económico, grupos conservadores, algunos medios de comunicación aines) que entendían que una dictadura era necesaria para organizar el país.
De este modo, a la vez que se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de nuestro país. Así miles de trabajadores de nuestras fábricas perdieron su trabajo debido a que la industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a los importados. Este proceso fue acompañado por una campaña publicitaria que intentaba convencer a la población de que la industria argentina era mala, de baja calidad y asociaba a lo venido de afuera con lo bueno, lo interesante, lo deseado, ocultando que en esa decisión miles de argentinos quedaban sin trabajo y muchas familias perdían su salario y pasaban entonces a ser pobres.
A la vez, los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas solicitaron grandes sumas de dinero al exterior en carácter de préstamos. Ese dinero incrementó la deuda externa del país de una manera inédita: de 8 mil a 43 mil millones de dólares que se convirtió por decisión de la misma dictadura, en deuda pública, es decir en deuda que debieron pagar todos los argentinos.
Por otra parte se tomaron distintas medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un período de desinversión en salud, educación y vivienda con efectos muy importantes en el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente: aumento de la pobreza e inicio de lo que hoy denominamos exclusión social. Es decir, se inició el proceso por el cual muchos hombres y mujeres no encontraban trabajo porque no había fábricas ni instituciones que necesitaran trabajadores y por lo tanto no podían cubrir sus necesidades básicas.
Si bien los golpistas llamaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, lo que se impuso fue una dictadura que ejerció el terrorismo de Estado. Es decir: fue un gobierno que implementó una forma de violencia política que, usando los recursos del Estado, buscó eliminar a los adversarios políticos –a quienes llamó “subversivos”– y amedrentar a la población a través del terror.
¿Y cuáles fueron las características específicas del terrorismo de Estado en la Argentina? Para terminar con las experiencias políticas que anhelaban la transformación social en nuestro país, la dictadura implementó una nueva metodología represiva: la desaparición sistemática de personas y el funcionamiento de centros clandestinos de detención (lugares donde mantenían cautivos a los secuestrados fuera de todo marco legal).
Existió un plan sistemático que consistió en secuestrar, torturar y asesinar de forma clandestina a miles de personas. Los “grupos de tareas” (comandos integrados mayoritariamente por militares y policías de baja graduación) se dedicaban a los secuestros y luego trasladaban a los secuestrados a centros clandestinos de detención que podían estar en un cuartel, una fábrica o una comisaría, entre otros lugares.
A partir de ese momento pasaban a ser desaparecidos porque nadie sabía dónde estaban. No se daba información a las familias y el gobierno decía que no sabía que había pasado con esas personas. Los familiares y amigos los buscaban en comisarías, hospitales, pero nadie les daba información. El horror fue tal que hoy sabemos, a través de numerosos testimonios brindados en procesos judiciales, que el destino de quienes estuvieron detenidos en centros clandestinos de detención fue la muerte. Aún se los continúa denominando desaparecidos pues hasta el día del hoy sus familiares no han podido recuperar sus restos.
Una prueba más de la violencia de la época fue la apropiación de niños y niñas, hijos de las personas detenidas. Algunos de esos chicos fueron secuestrados junto a sus padres y otros nacieron durante el cautiverio de sus madres. Fueron entregados en muchos casos a familias que ocultaron su origen a los chicos. Uno de los objetivos era que los niños “no sintieran ni pensaran como sus padres, sino como sus enemigos”. Muchos de esos niños, hoy ya adultos, continúan sin conocer su verdadera historia.
La Constitución Nacional –es decir, la ley de leyes de la República Argentina–, dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. Se inició entonces una dictadura que se instaló en el gobierno por la fuerza, por medio de lo que se denomina golpe de Estado. El gobierno de facto estuvo integrado por una Junta Militar que reunía a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el ex general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el ex almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el ex brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica.
El golpe de 1976 fue el último pero no el único. Desde 1930 nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. La supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido, lamentablemente, bastante frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado.
Algunos ciudadanos e investigadores prefieren hablar de golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque entienden que los militares no actuaron solos ni por su cuenta. La decisión de tomar el gobierno contaba con la adhesión de diversos grupos de la sociedad (sectores con gran poder económico, grupos conservadores, algunos medios de comunicación aines) que entendían que una dictadura era necesaria para organizar el país.
De este modo, a la vez que se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de nuestro país. Así miles de trabajadores de nuestras fábricas perdieron su trabajo debido a que la industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a los importados. Este proceso fue acompañado por una campaña publicitaria que intentaba convencer a la población de que la industria argentina era mala, de baja calidad y asociaba a lo venido de afuera con lo bueno, lo interesante, lo deseado, ocultando que en esa decisión miles de argentinos quedaban sin trabajo y muchas familias perdían su salario y pasaban entonces a ser pobres.
A la vez, los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas solicitaron grandes sumas de dinero al exterior en carácter de préstamos. Ese dinero incrementó la deuda externa del país de una manera inédita: de 8 mil a 43 mil millones de dólares que se convirtió por decisión de la misma dictadura, en deuda pública, es decir en deuda que debieron pagar todos los argentinos.
Por otra parte se tomaron distintas medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un período de desinversión en salud, educación y vivienda con efectos muy importantes en el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente: aumento de la pobreza e inicio de lo que hoy denominamos exclusión social. Es decir, se inició el proceso por el cual muchos hombres y mujeres no encontraban trabajo porque no había fábricas ni instituciones que necesitaran trabajadores y por lo tanto no podían cubrir sus necesidades básicas.
Si bien los golpistas llamaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, lo que se impuso fue una dictadura que ejerció el terrorismo de Estado. Es decir: fue un gobierno que implementó una forma de violencia política que, usando los recursos del Estado, buscó eliminar a los adversarios políticos –a quienes llamó “subversivos”– y amedrentar a la población a través del terror.
¿Y cuáles fueron las características específicas del terrorismo de Estado en la Argentina? Para terminar con las experiencias políticas que anhelaban la transformación social en nuestro país, la dictadura implementó una nueva metodología represiva: la desaparición sistemática de personas y el funcionamiento de centros clandestinos de detención (lugares donde mantenían cautivos a los secuestrados fuera de todo marco legal).
Existió un plan sistemático que consistió en secuestrar, torturar y asesinar de forma clandestina a miles de personas. Los “grupos de tareas” (comandos integrados mayoritariamente por militares y policías de baja graduación) se dedicaban a los secuestros y luego trasladaban a los secuestrados a centros clandestinos de detención que podían estar en un cuartel, una fábrica o una comisaría, entre otros lugares.
A partir de ese momento pasaban a ser desaparecidos porque nadie sabía dónde estaban. No se daba información a las familias y el gobierno decía que no sabía que había pasado con esas personas. Los familiares y amigos los buscaban en comisarías, hospitales, pero nadie les daba información. El horror fue tal que hoy sabemos, a través de numerosos testimonios brindados en procesos judiciales, que el destino de quienes estuvieron detenidos en centros clandestinos de detención fue la muerte. Aún se los continúa denominando desaparecidos pues hasta el día del hoy sus familiares no han podido recuperar sus restos.
Una prueba más de la violencia de la época fue la apropiación de niños y niñas, hijos de las personas detenidas. Algunos de esos chicos fueron secuestrados junto a sus padres y otros nacieron durante el cautiverio de sus madres. Fueron entregados en muchos casos a familias que ocultaron su origen a los chicos. Uno de los objetivos era que los niños “no sintieran ni pensaran como sus padres, sino como sus enemigos”. Muchos de esos niños, hoy ya adultos, continúan sin conocer su verdadera historia.
Fuente: Educación y Memoria
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