Alumnos, familiares y docentes de la escuela secundaria 121, Felipe de Arana 750, Ramos Mejía, vieron cómo se transformó en una pesadilla lo que creyeron era la concreción de un sueño.
En abril de 2012, contratada por la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, una empresa privada dio comienzo a los trabajos destinados a remodelar y ampliar las instalaciones para permitir el dictado de todos los años del ciclo secundario.
Es habitual que este tipo de obras comiencen con la demolición de lo que se va a remodelar si no forma parte del nuevo proyecto.
También es habitual que las expectativas de una mejora hagan que uno se acomode como pueda a la incómoda situación a la que se imagina transitoria.
Así, alumnos, docentes, padres y vecinos vieron cómo se tiraban paredes, se clausuraban baños, se vallaban sectores del edificio que se volvían peligrosos para los estudiantes.
En julio del año pasado, aduciendo falta de pago, la empresa suspendió los trabajos.
Más de un año después todo sigue igual al momento en que las obras quedaron paralizadas: una montaña de escombros donde antes estaba la biblioteca popular a la que concurrían no sólo los alumnos sino también los vecinos; una hilera de baños químicos que reemplazaron a los que se inhabilitaron y a los que se higieniza sólo una vez por semana con el riesgo sanitario que ello implica; sectores de la escuela clausurados e inutilizados.
La situación también complica el normal funcionamiento de la escuela primaria 114 que funciona en el edificio contiguo y que cedió parte de sus instalaciones para que de alguna manera la 121 pueda seguir dictando clases.
Para completar el sombrío panorama no hay ninguna solución en marcha.
Recién se está evaluando cancelar el contrato con la empresa que suspendió los trabajos, se supone que para adjudicárselos a otra firma.
Semejante desatino, semejante irresponsabilidad de las autoridades, hace que pierda sentido entrar en el análisis o en el detalle de las excusas que se dan o de quién es más o menos responsable de este atropello a la educación pública.
No es admisible que en toda la estructura administrativa no exista un solo funcionario con capacidad resolutiva inmediata cuando se plantea una emergencia de esta naturaleza.
No es admisible que la ineficiencia burocrática y la falta de compromiso de muchos que ocupan cargos sin vocación mantenga en el limbo sin soluciones una situación límite que afecta a tantos estudiantes.
Es de esperar que a quien le corresponda no se demore ni un día más en ponerse a trabajar.
Es habitual que este tipo de obras comiencen con la demolición de lo que se va a remodelar si no forma parte del nuevo proyecto.
También es habitual que las expectativas de una mejora hagan que uno se acomode como pueda a la incómoda situación a la que se imagina transitoria.
Así, alumnos, docentes, padres y vecinos vieron cómo se tiraban paredes, se clausuraban baños, se vallaban sectores del edificio que se volvían peligrosos para los estudiantes.
En julio del año pasado, aduciendo falta de pago, la empresa suspendió los trabajos.
Más de un año después todo sigue igual al momento en que las obras quedaron paralizadas: una montaña de escombros donde antes estaba la biblioteca popular a la que concurrían no sólo los alumnos sino también los vecinos; una hilera de baños químicos que reemplazaron a los que se inhabilitaron y a los que se higieniza sólo una vez por semana con el riesgo sanitario que ello implica; sectores de la escuela clausurados e inutilizados.
La situación también complica el normal funcionamiento de la escuela primaria 114 que funciona en el edificio contiguo y que cedió parte de sus instalaciones para que de alguna manera la 121 pueda seguir dictando clases.
Para completar el sombrío panorama no hay ninguna solución en marcha.
Recién se está evaluando cancelar el contrato con la empresa que suspendió los trabajos, se supone que para adjudicárselos a otra firma.
Semejante desatino, semejante irresponsabilidad de las autoridades, hace que pierda sentido entrar en el análisis o en el detalle de las excusas que se dan o de quién es más o menos responsable de este atropello a la educación pública.
No es admisible que en toda la estructura administrativa no exista un solo funcionario con capacidad resolutiva inmediata cuando se plantea una emergencia de esta naturaleza.
No es admisible que la ineficiencia burocrática y la falta de compromiso de muchos que ocupan cargos sin vocación mantenga en el limbo sin soluciones una situación límite que afecta a tantos estudiantes.
Es de esperar que a quien le corresponda no se demore ni un día más en ponerse a trabajar.
Fuente: Periódico La Barra
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