La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió revisar el fallo de Casación, que permitió la prisión domiciliaria de cientos de detenidos motivada en el riesgo de que contraigan el Covid-19 en las atestadas cárceles provinciales. Suspendió, en tanto, las excarcelaciones masivas pendientes de ejecución a partir del hábeas corpus colectivo que había admitido, el 8 de abril pasado, el máximo tribunal penal del territorio.
La Suprema Corte resolvió abrir el recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Carlos Altuve por considerar que existía "gravedad institucional". Y abordará las "arbitrariedades" denunciadas por ese representante del ministerio público. Entre tanto, suspendió la aplicación del polémico fallo dictado por el camarista Víctor Violini hace casi un mes.
No obstante, el tribunal superior de la provincia no se definió sobre las excarcelaciones ya otorgadas. Esta resolución podrá llegar en el plazo de una semana, como parte del fallo sobre la cuestión de fondo.
La Corte no solo declaró admisible el recurso de queja en contra de la salida masiva de presos presentado ayer por el fiscal Altuve. También dispuso la abreviación de los plazos para definir la cuestión de fondo.
Se espera que el máximo tribunal de la provincia dicte, en tiempo récord, un fallo que regule la excarcelación o la prisión domiciliaria de detenidos por delitos leves que, además, estén en riesgo por el coronavirus. Según informó oportunamente LA NACION sobre la base de estadísticas oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre el 17 de marzo y el 17 de abril pasados (cuando ya estaba vigente la cuarentena por la pandemia) 2200 personas privadas de la libertad "egresaron por disposición judicial de las cárceles" provinciales. De ellas, 1601 fueron externaciones "por cumplimiento de condena, libertad condicional o libertad asistida", y 599 por arrestos domiciliarios motivados por el riesgo de contagio del Covid-19.
Según esos mismos datos oficiales, de aquellos 2200 egresados del sistema penitenciario durante la vigencia del coronavirus (y antes y después del fallo de Violini) egresaron 38 imputados por delitos contra la integridad sexual (violaciones y otros abusos) y 42 acusados de homicidios dolosos.
El planteo de Altuve apuntó contra la legitimidad del hábeas corpus colectivo admitido por la Cámara de Casación. Pero no pidió la nulidad de lo actuado, según informaron voceros de la Suprema Corte. Por lo tanto, la suspensión dispuesta hoy solo se aplicará de aquí en más para los pedidos de libertades o arrestos domiciliarios pendientes de ejecución.
La Suprema Corte pidió el documento completo a la Casación. El expediente deberá ser dirigido a la Secretaría Penal de la Suprema Corte. Y deberá darle traslado primero al procurador general, Julio Conte Grand, y luego al representante de la Defensa Pública ante el máximo tribunal, Mario Coriolano.
La opinión fundada de cada uno de estos funcionarios deberá ser elevada al superior tribunal en el término de 24 horas. Un funcionario que intervendrá en el caso dijo a LA NACION que, por las características del planteamiento, es probable que la Corte lo resuelva en el corto plazo.
Una definición posible apunta a disponer solo libertades individuales para presos de mayor riesgo por problemas de salud y que no enfrenten condenas por delitos graves. No será un criterio general la edad avanzada para otorgar el beneficio entre la población carcelaria. Hoy hay más de 2000 presos que pueden ser considerados "de riesgo" según los criterios enumerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tras la suspensión del fallo que hizo posible las prisiones domiciliarias de cientos de detenidos, la Suprema Corte provincial no detalló aún qué medida se deberá adoptar con respecto a los presos que ya fueron liberados a partir de la decisión de la Casación.
El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, opinó: "Ha sido una liberación de presos descontrolada. Nadie sabe quiénes son, qué hicieron y adónde fueron. La decisión del Poder Judicial ha sido torpe e irritativa".
Ayer, el procurador Julio Conte Grand afirmó que en caso de que la Suprema Corte suspendiera el hábeas corpus los presos que habían sido liberados deberían ser nuevamente conducidos a sus unidades penales de origen.
Por el momento, hasta que la Corte no se expida sobre la cuestión de fondo no se pedirá esa medida, dijo en off the record hoy otro funcionario del Ministerio Público.
"SI la Corte llegara a revocar el fallo de Casación cada fiscal deberá pedir las detenciones ante el juez de Garantías o de Ejecución Penal que oportunamente dispuso la libertad. No será automática", dijo uno de los actores judiciales.
Sobre la base de los registros de la Corte, de la Procuración y del Ministerio de Justicia de la provincia se deberá precisar fehacientemente cuántos de los 2200 presos que salieron entre el 17 de marzo y 17 de abril último corresponden efectivamente a casos de riesgo de contagio ante la amenaza del Covid-19. La cifra más actualizada no estaba, esta tarde, disponible en ningún listado oficial.
Por: María José Lucesole para La Nación
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