Los mandatarios de Merlo, Ituzaingó, Morón y Hurlingham transmitieron sus inquietudes a magistrados y funcionarios judiciales. Acordaron un sistema de seguimiento desde las Secretarías de Seguridad de cada distrito para los domicilios en donde haya personas beneficiadas con las salidas de la cárcel.
La reunión fue “positiva”, según describieron a Primer Plano Online fuentes que participaron del cónclave que se llevó a cabo este mediodía en la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón.
Hasta allí llegaron los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo), Lucas Ghi (Morón) y Juan Zabaleta (Hurlingham), para dialogar cara a cara con los responsables del sistema judicial a nivel regional y conocer detalles de cómo se instrumentarán las prisiones domiciliarias determinadas por la Cámara de Casación penal bonaerense.
Por el lado de la justicia, en representación del Departamento Judicial Morón, asistieron al cónclave los camaristas Fabián Cardoso, Miriam Fernández, Fernando Bellido y Eugenio Rojas Molina; el juez penal Diego Bonanno; el fiscal Matías Rappazzo; y el defensor oficial Federico Topino. Asimismo, de la reunión también participó Mercedes Conti, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
En diálogo con Primer Plano Online, todos los protagonistas consultados definieron como positivo el diálogo que consiguieron establecer, café mediante y medialunas, respetando el distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias. Todos usaron barbijo, y así posaron para la foto que ilustra este artículo.
“Los jueces entendieron el rol nuestro como intendentes frente a esta crisis, y si hay una decisión judicial de otorgar prisiones domiciliarias a presos que tienen dirección en nuestros distritos que nos avisen de qué delitos hablamos y cómo es la decisión. Nos aseguraron que son penas leves y que no iban a liberar a nadie que no correspondiera”, indicó uno de los mandatarios que participó de la charla.
En concreto, desde el Poder Judicial quedaron en comunicarse desde las Secretarías de Seguridad de cada Municipio para interactuar con información reservada cada vez que se otorgue un arresto domiciliario. Las intendencias se comprometieron a aportar la logística respectiva en lo que hace al control de que el o la beneficiada con la morigeración de prisión cumpla con las pautas del arresto en su casa. El control estará a cargo del patrullero encargado de la cuadrícula.
Increíblemente, los Estados municipales deberán a partir de ahora y mientras dure la pandemia, desviar recursos humanos y económicos para «cuidar» detenidos alojados en sus casas, desatendiendo las necesidades de los vecinos que con el pago de sus tasas merecen contar con los servicios en pleno de las áreas de Seguridad de cada distrito, que aun en situaciones normales, siempre resultan escasos. Ahora más aun.
Durante la conversación, que no tuvo cruces, uno de los representantes de la justicia planteó que había una fuerte operación mediática promovida desde algunos sectores para poner en la espalda del poder político una determinación que es competencia del judicial. “La centralidad de esta medida depende de la justicia”, coincidieron en reconocer todos los actores presentes.
Otro tema del que se habló fue cómo instrumentar un protocolo en las comisarías si se detectan casos de Covid-19. En eso, las autoridades sanitarias ya tienen establecidas pautas de intervención en caso de que existan sospechas de que algún detenido pueda tener síntomas compatibles con la enfermedad.
Hasta allí llegaron los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo), Lucas Ghi (Morón) y Juan Zabaleta (Hurlingham), para dialogar cara a cara con los responsables del sistema judicial a nivel regional y conocer detalles de cómo se instrumentarán las prisiones domiciliarias determinadas por la Cámara de Casación penal bonaerense.
Por el lado de la justicia, en representación del Departamento Judicial Morón, asistieron al cónclave los camaristas Fabián Cardoso, Miriam Fernández, Fernando Bellido y Eugenio Rojas Molina; el juez penal Diego Bonanno; el fiscal Matías Rappazzo; y el defensor oficial Federico Topino. Asimismo, de la reunión también participó Mercedes Conti, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
En diálogo con Primer Plano Online, todos los protagonistas consultados definieron como positivo el diálogo que consiguieron establecer, café mediante y medialunas, respetando el distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias. Todos usaron barbijo, y así posaron para la foto que ilustra este artículo.
“Los jueces entendieron el rol nuestro como intendentes frente a esta crisis, y si hay una decisión judicial de otorgar prisiones domiciliarias a presos que tienen dirección en nuestros distritos que nos avisen de qué delitos hablamos y cómo es la decisión. Nos aseguraron que son penas leves y que no iban a liberar a nadie que no correspondiera”, indicó uno de los mandatarios que participó de la charla.
En concreto, desde el Poder Judicial quedaron en comunicarse desde las Secretarías de Seguridad de cada Municipio para interactuar con información reservada cada vez que se otorgue un arresto domiciliario. Las intendencias se comprometieron a aportar la logística respectiva en lo que hace al control de que el o la beneficiada con la morigeración de prisión cumpla con las pautas del arresto en su casa. El control estará a cargo del patrullero encargado de la cuadrícula.
Increíblemente, los Estados municipales deberán a partir de ahora y mientras dure la pandemia, desviar recursos humanos y económicos para «cuidar» detenidos alojados en sus casas, desatendiendo las necesidades de los vecinos que con el pago de sus tasas merecen contar con los servicios en pleno de las áreas de Seguridad de cada distrito, que aun en situaciones normales, siempre resultan escasos. Ahora más aun.
Durante la conversación, que no tuvo cruces, uno de los representantes de la justicia planteó que había una fuerte operación mediática promovida desde algunos sectores para poner en la espalda del poder político una determinación que es competencia del judicial. “La centralidad de esta medida depende de la justicia”, coincidieron en reconocer todos los actores presentes.
Otro tema del que se habló fue cómo instrumentar un protocolo en las comisarías si se detectan casos de Covid-19. En eso, las autoridades sanitarias ya tienen establecidas pautas de intervención en caso de que existan sospechas de que algún detenido pueda tener síntomas compatibles con la enfermedad.
Fuente: Primer Plano
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