Los datos respaldan los dichos de la ministra pero se explican, en parte, por las particularidades del narcotráfico. Además, los extranjeros presos representan menos del 1% de las personas nacidas en otros países que viven en la Argentina.
En el sistema penitenciario, el mismo porcentaje de personas detenidas que de la nacionalidad que tienen (sic). Ahora, en el tema de las drogas, sube del 6% de presos extranjeros al 33%”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una entrevista con radio La Red y agregó: “Quiere decir que la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”.
En 2010, de acuerdo con el último censo poblacional, vivían en el país 1,8 millones de extranjeros, de los que 1,5 venían en su mayoría de países limítrofes, como Bolivia, Paraguay y Chile; o no limítrofes, como Perú. Se trata de un 4,5% del total de habitantes de la Argentina.
La cantidad de presos extranjeros en el país, a su vez, representa una proporción similar al total extranjeros que se encuentran fuera de las cárceles, como apuntó la ministra.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, para 2015 había 71 mil presos alojados en las distintas unidades de detención que existen en la Argentina, de los que un 6% eran extranjeros, según detalla el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) producido por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Sin embargo, el porcentaje crece si se observa exclusivamente a los detenidos por infracciones a la Ley de Estupefacientes. En todas las cárceles de la Argentina, hay unos ocho mil presos por delitos vinculados con el narcotráfico, de los que 1.400 son extranjeros (18% del total). Y sólo en cárceles federales, es decir, las unidades que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación y no de las provincias, la proporción de extranjeros por delitos relacionados con estupefacientes llega al 33% que mencionó Bullrich.
“Ello denota que la población extranjera detenida en dependencias del Servicio Penitenciario Federal por infracción a la Ley N° 23.737 está altamente representada entre los detenidos”, destaca el Decreto 70/17, publicado hoy, que modificó las condiciones de ingreso de extranjeros al país. Coinciden con este diagnóstico los datos de las carteras nacionales de Justicia y de Seguridad, aunque con leves diferencias en las cifras.
“Salvo en las provincias donde se desfederalizó el delito de tráfico de drogas [N. del R: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, jurisdicciones donde parte de estos delitos son juzgados por la Justicia provincial], es a la Justicia federal a la que le competen estos casos, por eso mismo uno puede ver que hay más presos extranjeros en las cárceles federales”, explicó en este chequeo Anabella Museri, especialista en criminología y justicia penal, ex coordinadora del Equipo de Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Sin embargo, si bien las cifras mencionadas por Bullrich son correctas, la cantidad de extranjeros encarcelados por delitos relacionados con las drogas son una minoría en relación a la cantidad de población extranjera que vive hoy en el país: representan un 0,08%, según datos del Censo y del Ministerio de Justicia de la Nación.
Además, la mayor incidencia de extranjeros en los delitos de narcotráfico no es una particularidad de la Argentina sino que está relacionado con la naturaleza de la actividad. Según explica en un estudio Alejandro Corda, abogado especialista en políticas de drogas e investigador de la asociación Intercambios, “mujeres, mujeres con hijos e hijas, extranjeros y personas trans registran porcentajes de delitos por drogas superiores a los de la población general”. Al mismo tiempo, aseguró a este medio que estos grupos “son fácilmente captables” para el tráfico de estupefacientes ya que “la mayoría está en situación de vulnerabilidad”.
En la misma línea, Ana Lía Kornblit, investigadora del Conicet y del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló a Chequeado que “los jóvenes que viven en zonas pauperizadas sin acceso al mercado laboral y sin inserción en el sistema educativo son candidatos fáciles para integrar las bandas de narcotraficantes. Son ellos los más afectados”.
“El negocio de la droga es transnacional”, por lo que la mayoría de los presos en el país están relacionados con las naciones donde se producen esos estupefacientes, concluyó Corda.
Esta nota contó con la colaboración de Martín Slipczuk (@martoslli), Ariel Riera (@AM_Riera) y Matías Di Santi (@Matydisanti) y es resultado de un pedido en la plataforma Chequeo Colectivo.
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