La planta de San Nicolás de la multinacional Atanor –segunda productora de glifosato en el país– fue clausurada en uno de sus sectores por orden judicial, al comprobarse que arroja químicos contaminantes al río Paraná. La medida llega tras siete años de reclamos judiciales de vecinos y trabajadores afectados. Denuncian no menos de 200 casos de enfermedades y muertes en el Barrio Química (6 manzanas). El caso más reciente: una niña de 6 años víctima de leucemia. La clausura es por una de las causas contra Atanor, acusada de contaminación del aire y el suelo, además de una denuncia por corrupción por las habilitaciones que le fueron otorgadas.
“Cuando hay una población con índices tan elevados de enfermedad y muerte en proximidades de una empresa que manipula elementos químicos de manera tan desaprensiva como lo hace Atanor, es presumible que allí esté la causa de las enfermedades que denunciamos” dice a lavaca el abogado Fabián Maggi, a partir de la noticia que se desencadenó en estos días: el juez Facundo Puente, titular del Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás, ordenó la clausura preventiva de una de las plantas de agrotóxicos de la multinacional Atanor ubicada en San Nicolás, tras probar que la empresa arroja químicos al arroyo Jaguarón, que desemboca a su vez en el río Paraná.
¿Qué dispuso el juez?
Ordenó la clausura provisoria de la planta de sintesis de Atrazina de la empresa Atanor.
Prohibió el ingreso a la planta de camiones que arriben desde otros establecimientos de Atanor, que contengan sustancias de cualquier índole para ser vertidas en San Nicolás.
Dispuso que Prefectura y Gendarmeria comprueben el efectivo cese del vuelco de efluentes y la puesta fuera de servicio de la planta de atrazina.
Dictaminó que la policía departamental diariamente corrobore que se cumple con la clausura.
Informó que Atanor deberá solicitar autorización para cualquier vehículo de carga que pretenda ingresar o egresar de la planta, informando al juez los productos que traslada.
El fallo del juez Facundo Puente: clausura preventiva de una de las plantas de Atanor.
El juez que no avisó
El jueves pasado Atanor fue allanada por la Gendarmería, y el propio juez Puente corroboró en el lugar las denuncias presentadas por FOMEA (Foro del Medio Ambiente), OPTAR (dedicada a brindar trabajo a jóvenes discapacitados) y Protección Ambiental del río Paraná, representadas, junto a un grupo de 10 vecinos, por el abogado Maggi.
Puente actuó sin previo aviso para corroborar lo que realmente estaba sucediendo. Dos días después envió a la Prefectura a confirmar que Atanor cumplía la clausura: la empresa había ignorado una medida cautelar anterior que también le ordenaba detener la contaminación. Había apelado hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que este año confirmó la clausura que acaba de concretarse.
La planta de síntesis de Atrazina es la que elabora uno de los herbicidas de Atanor que suele combinarse con otro de sus productos: el glifosato.
“Pero además hemos podido confirmar con pericias judiciales algo que venían denunciando los trabajadores desde hace años” explica Maggi: “Han enterrado en el predio tambores de trifluralina, y no se trata de un accidente sino de una actitud dolosa, premeditada”. La trifluralina es otro herbicida sospechado de cancerígeno, según explica el ingeniero químico Martín Solé que actúa como perito de parte en el caso: “Y además está el tema de la liberación a la atmósfera de gases contaminantes que no tienen ningún tratamiento y para los cuales la empresa tampoco tiene los permisos correspondientes”.
Maggi: “El problema es que estas empresas pretenden ahorrar, maximizar ganancias, y surge la contaminación. Atanor es un caso clarísimo. En lugar de mandar a tratar los residuos peligrosos los entierran, los mandan al aire, o los arrojan al río”.
Hay un total de siete causas judiciales, penales y administrativas por otorgamiento de habilitaciones que no correspondían. Teoría del abogado: “Siempre que hay contaminación, detrás no hay solamente un empresario contaminador sino un funcionario corrupto. Atanor no tiene permisos de descarga de efluentes gaseosos al aire, ni líquidos al río. Sin embargo la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) que es la autoridad de aplicación, le dio el certificado de aptitud ambiental. Otra situación es la que se plantea con la Autoridad del Agua (ADA) y sus convenios con Atanor. Consideramos que es una franca muestra de corrupción de funcionarios y todo está denunciado”.
¿Hay diferencia entre la etapa política anterior y la actual? “Los gobiernos que hemos tenido y tenemos tienen todos la misma política ambiental. Justifican el extractivismo y para hacerlo no tienen otro camino que pasar por la corrupción. Si sólo respetaran la Ley General de Ambiente o los convenios internacionales firmados por el país, la actitud debería ser completamente diferente”.
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