LA NUEVA POBREZA Y LOS NUEVOS ACTORES SOCIALES
Escrito por Enrique Mario Martínez
La historia enseña, sin ninguna posibilidad de equivocarse, que el capitalismo es un sistema inestable. El concepto de inestabilidad se refiere aquí a que la riqueza que se genera se distribuye de manera desigual y de tal modo resulta inexorable que – a falta de intervenciones externas – se produzcan perturbaciones porque la capacidad de producción de bienes supera su demanda o por diversas formas de exteriorización de la insatisfacción de fracciones importantes de la población.
A lo largo de los pasados 200 años el Estado se ha asumido como ese factor de intervención, de varias maneras. En un límite, varias guerras tuvieron como objetivo no asumido públicamente la destrucción de capacidad productiva, que permitía retomar con energía procesos de inversión, esa vez para recuperar lo perdido. En tiempos más cercanos, el Estado ha:
. Dinamizado la inversión a partir de aumentar la inversión pública.
. Aumentado las oportunidades de los sectores más pobres en el capitalismo estándar, con programas de educación y/o capacitación laboral de variada intensidad.
. Subsidiado los ingresos de aquellos sin ocupación a través de transferencias directas de dinero o por la creación de programas transitorios de empleo.
La primera faceta es clara. Si el Estado cuenta con recursos por ingresos impositivos, tanto como si se anima a emitir para realizar obras, puede reforzar la ocupación directa e indirectamente, fortalecer el consumo y generar una evolución virtuosa del producto nacional. Al menos por un tiempo importante.
Los otros dos planos de intervención se pueden analizar en términos macroeconómicos y en ese sentido se podría poner énfasis en sus fortalezas y debilidades. Aquí se pretende, en cambio, analizar los efectos de mediano y largo plazo de tales políticas sobre el tejido social y por ende, sobre la perspectiva buscada de mayor justicia social.
PRIMER PLANO: LA INCLUSIÓN POR CAPACITACIÓN Y CRECIMIENTO
Esta mirada es la que predomina cuando no se cuestiona en absoluto la estructura de los negocios del capitalismo, admitiendo solamente que puede haber desempleo friccional, causado por la falta de preparación técnica de los postulantes para las tareas que se deben realizar, para peor en un mundo productivo cuya tecnología evoluciona constantemente.
El planteo más consistente y de mayor duración implementado en tal sentido en el mundo es la llamada Guerra contra la Pobreza, creada en 1964 por Lyndon Johnson en Estados Unidos. Evaluaciones hechas 25 años después de comenzar, para un programa que duró más de dos décadas, muestran que la pobreza disminuyó esencialmente por las transferencias de recursos, que no eran el núcleo del proyecto y que fueron creciendo en importancia a medida que quedaba en evidencia que con la educación y la capacitación no alcanzaba. Los programas de formación ayudan a desarrollar actividades en expansión o a afrontar un cambio tecnológico.
Eso es claro y el aprender en el hacer debiera ser consigna permanente en el mundo del trabajo. Pero no reducen la desocupación en los sectores maduros porque aumentan la competencia entre postulantes, reemplazan unos ocupados por otros y en algunas circunstancias pueden servir para reducir el salario real en un sector, por exceso de oferta de trabajo.
Menos reducen la desocupación en los países periféricos, donde las corporaciones trasnacionales controlan ramas claves de la producción, porque esas cadenas de valor tienen eslabones que se desarrollan fuera de esos países por decisiones que poco o nada tienen que ver con la disponibilidad de trabajadores locales.
Los segmentos de mayor incorporación de trabajo inteligente, especialmente, son reservados para los países donde se encuentran las casas matrices y solo podrían trasladarse parcialmente a la periferia si nuestras naciones realizaran fuertes inversiones en educación universitaria de alto nivel y pusieran a disposición profesionales formados a un costo menor que el del mundo central. Irlanda eligió ese camino hace unos 40 años y luego de un período de bonanza sufrió un duro golpe cuando ante la crisis de 2008 muchas grandes corporaciones redujeron allí sus inversiones en investigación.
Es decir y en resumen: la inclusión por capacitación tiene efectos limitados y fuertes restricciones – hasta contra indicaciones – cuando un país no tiene auténtica autonomía productiva.
SEGUNDO PLANO: LA INCLUSIÓN POR INGRESOS
Esta faceta del Estado de Bienestar comprende subsidios diseminados y genéricos, como los que se aplican al transporte o la energía, junto con subsidios específicos y personalizados, como la asignación universal por hijo (AUH) o los honorarios a cooperativistas del plan Argentina Trabaja, entre otros.
Los primeros son un componente de una política de redistribución de ingresos que no es suficiente por sí para reducir sustancialmente la pobreza, pero que bien administrados integran sensatamente el menú de prestaciones de un estado solidario.
Los subsidios personalizados son a la vez los que tienen mayor efecto de reducción de la pobreza por ingresos y los que necesitan un análisis complementario que va más allá del dinero.
En efecto, hay al menos dos cuestiones estructurales a considerar:
a) La secuencia que recorre el subsidio, desde la manera en que se selecciona el beneficiario, hasta la forma en que se controlan las contraprestaciones posibles.
b) Los efectos de alejarse o en el extremo de no conocer nunca una rutina de trabajo, ya sea en relación de dependencia o autónoma.
El primer aspecto nos remite a las organizaciones sociales. Salvo en el caso de la AUH, casi todos los restantes subsidios específicos implican la necesidad de agruparse en cooperativas que en términos prácticos se convierten en trámites administrativos, más que en agrupaciones solidarias con un trabajo cultural al interior de cada grupo. Esas unidades son promovidas y administradas por todos los espacios políticos que tienen presencia en los sectores más humildes de la sociedad.
Eso se concreta mediante una red de militantes intermedios, que se convierten en decisores fuertes respecto de la integración de los grupos, de la permanencia en ellos y de todo otro elemento condicionante de la percepción del subsidio. Aparece de tal modo un escenario temible y con razón para ello: la subordinación de los beneficiarios respecto de una capa de gestores, que se benefician políticamente de esa intermediación, configurando así un sistema que tiende a prolongarse en el tiempo. Los gestores no tienen interés en que sus subordinados adquieran autonomía y salgan del ámbito y a la vez los subsidiados terminan por creer que no hay otro camino que ese, que el trabajo con retribución digna nunca sucederá.
Paradójicamente, los integrados a un sistema de subsidios terminan teniendo temores que son típicos de la clase media, acostumbrada a cierta insatisfacción con la calidad de vida que tiene, pero a la vez con miedo permanente a retroceder hacia la pobreza. La clase media suele asignar buena parte de sus miedos de retroceso a reales o hipotéticos actos de gobierno, del gobierno que sea. Los compatriotas subsidiados, en cambio, focalizan con claridad el punto: se trata de las decisiones de la intermediación política de la cual dependen. Si para cambiar su condición, aparece el riesgo de dejar de percibir el subsidio, la respuesta masiva es reticente al cambio, porque nadie tiene claro si se podrá volver a entrar.
La trama descrita es bien conocida, pero nunca asumida como peligrosa para acceder a la justicia social plena, sino como un mal menor en ámbitos que se consideran como una transición al trabajo formal. Sin embargo, los años muestran que esa transición no se concreta. A la trampa política – para unos y otros – se le suma la enorme carga que representa crear una rutina de baja eficiencia y baja dedicación horaria a un trabajo. Como el compromiso no es para sí, no queda claro en ningún momento que represente otra cosa que el canje de tiempo por dinero, un dinero que para peor no alcanza, la contra prestación se hace tan burocrática como la de un oficinista o un obrero de línea de montaje explotados.
En síntesis: la inclusión por ingresos, permite atender necesidades de subsistencia en mucha mayor proporción que si el estado de bienestar no existiera. En paralelo, sin embargo, crea anomalías en lo que podríamos definir como un tejido social de ciudadanos libres y con perspectivas de mejorar su condición día a día.
LA INCLUSIÓN POR EL TRABAJO: EL DESAFÍO
Si se revisa lo antedicho, sostengo que el crecimiento global y los programas de capacitación no alcanzan y que los subsidios en dinero no constituyen una transición automática, sino que tienden a crear situaciones estables de dependencia del sistema de asignación de recursos.
Entonces, ¿Qué? ¿Cómo se hace para avanzar desde la situación actual hacia una sociedad más justa, donde como principio todos puedan y quieran trabajar?
La solución no pasa “simplemente” por encontrar nuevos instrumentos que se agreguen o que reemplacen a parte o todo el menú actual. Es esencialmente política, porque los primeros que tienen que cambiar su visión son los dirigentes políticos del máximo nivel y los intermedios, hasta llegar a los operadores barriales actuales. Tienen que cambiar la conceptualización del modelo económico y social deseado y también la forma de acumulación y legitimación del poder político, desde la base social hasta la cúpula.
Ambos planos son necesarios y simultáneos.
Se requiere una democratización y argentinización de la producción, que permita que toda producción de pequeña escala que tenga sentido se pueda realizar sin ser doblegada por el mero poder económico. Solo por ese camino se puede aspirar a una generación de trabajo de calidad que contenga a toda la sociedad argentina.
Como contracara, se necesita que todo nivel de la dirigencia política asuma la responsabilidad de participar del cambio cultural y organizacional de largo plazo, que permitirá transformar la población subsidiada en compatriotas participantes con libertad en sistemas de producción de bienes y servicios que la sociedad necesita, donde cada uno asuma la conducción de su propio destino.
Las dos afirmaciones que preceden podrían ser criticadas, con cierta justicia, por genéricas. En defensa de eso, corresponde señalar que efectivamente no estamos ante dilemas instrumentales. Esas preguntas aparecerán solo después de coincidir en que debemos cuestionarnos los objetivos profundos, aquellos que se definen justamente por afirmaciones genéricas-
Democratizar y argentinizar la economía pone por delante tareas bien distintas y muchos más complejas que equilibrar la balanza de pagos y reducir la inflación, por ejemplo. Cambiar la forma de organización y de acumulación de poder político, por su parte, implica una profunda revisión – especialmente para los espacios con mayor inserción popular – de la relación conductor-conducido. El liderazgo debe ser una figura social revalidada día a día por la respuesta del líder a las necesidades de los conducidos. Mientras ese concepto no sea un catecismo, todo – todo – lo demás se hace frágil, difícil de ejecutar hasta lo imposible.
Escrito por Enrique Mario Martínez
La historia enseña, sin ninguna posibilidad de equivocarse, que el capitalismo es un sistema inestable. El concepto de inestabilidad se refiere aquí a que la riqueza que se genera se distribuye de manera desigual y de tal modo resulta inexorable que – a falta de intervenciones externas – se produzcan perturbaciones porque la capacidad de producción de bienes supera su demanda o por diversas formas de exteriorización de la insatisfacción de fracciones importantes de la población.
A lo largo de los pasados 200 años el Estado se ha asumido como ese factor de intervención, de varias maneras. En un límite, varias guerras tuvieron como objetivo no asumido públicamente la destrucción de capacidad productiva, que permitía retomar con energía procesos de inversión, esa vez para recuperar lo perdido. En tiempos más cercanos, el Estado ha:
. Dinamizado la inversión a partir de aumentar la inversión pública.
. Aumentado las oportunidades de los sectores más pobres en el capitalismo estándar, con programas de educación y/o capacitación laboral de variada intensidad.
. Subsidiado los ingresos de aquellos sin ocupación a través de transferencias directas de dinero o por la creación de programas transitorios de empleo.
La primera faceta es clara. Si el Estado cuenta con recursos por ingresos impositivos, tanto como si se anima a emitir para realizar obras, puede reforzar la ocupación directa e indirectamente, fortalecer el consumo y generar una evolución virtuosa del producto nacional. Al menos por un tiempo importante.
Los otros dos planos de intervención se pueden analizar en términos macroeconómicos y en ese sentido se podría poner énfasis en sus fortalezas y debilidades. Aquí se pretende, en cambio, analizar los efectos de mediano y largo plazo de tales políticas sobre el tejido social y por ende, sobre la perspectiva buscada de mayor justicia social.
PRIMER PLANO: LA INCLUSIÓN POR CAPACITACIÓN Y CRECIMIENTO
Esta mirada es la que predomina cuando no se cuestiona en absoluto la estructura de los negocios del capitalismo, admitiendo solamente que puede haber desempleo friccional, causado por la falta de preparación técnica de los postulantes para las tareas que se deben realizar, para peor en un mundo productivo cuya tecnología evoluciona constantemente.
El planteo más consistente y de mayor duración implementado en tal sentido en el mundo es la llamada Guerra contra la Pobreza, creada en 1964 por Lyndon Johnson en Estados Unidos. Evaluaciones hechas 25 años después de comenzar, para un programa que duró más de dos décadas, muestran que la pobreza disminuyó esencialmente por las transferencias de recursos, que no eran el núcleo del proyecto y que fueron creciendo en importancia a medida que quedaba en evidencia que con la educación y la capacitación no alcanzaba. Los programas de formación ayudan a desarrollar actividades en expansión o a afrontar un cambio tecnológico.
Eso es claro y el aprender en el hacer debiera ser consigna permanente en el mundo del trabajo. Pero no reducen la desocupación en los sectores maduros porque aumentan la competencia entre postulantes, reemplazan unos ocupados por otros y en algunas circunstancias pueden servir para reducir el salario real en un sector, por exceso de oferta de trabajo.
Menos reducen la desocupación en los países periféricos, donde las corporaciones trasnacionales controlan ramas claves de la producción, porque esas cadenas de valor tienen eslabones que se desarrollan fuera de esos países por decisiones que poco o nada tienen que ver con la disponibilidad de trabajadores locales.
Los segmentos de mayor incorporación de trabajo inteligente, especialmente, son reservados para los países donde se encuentran las casas matrices y solo podrían trasladarse parcialmente a la periferia si nuestras naciones realizaran fuertes inversiones en educación universitaria de alto nivel y pusieran a disposición profesionales formados a un costo menor que el del mundo central. Irlanda eligió ese camino hace unos 40 años y luego de un período de bonanza sufrió un duro golpe cuando ante la crisis de 2008 muchas grandes corporaciones redujeron allí sus inversiones en investigación.
Es decir y en resumen: la inclusión por capacitación tiene efectos limitados y fuertes restricciones – hasta contra indicaciones – cuando un país no tiene auténtica autonomía productiva.
SEGUNDO PLANO: LA INCLUSIÓN POR INGRESOS
Esta faceta del Estado de Bienestar comprende subsidios diseminados y genéricos, como los que se aplican al transporte o la energía, junto con subsidios específicos y personalizados, como la asignación universal por hijo (AUH) o los honorarios a cooperativistas del plan Argentina Trabaja, entre otros.
Los primeros son un componente de una política de redistribución de ingresos que no es suficiente por sí para reducir sustancialmente la pobreza, pero que bien administrados integran sensatamente el menú de prestaciones de un estado solidario.
Los subsidios personalizados son a la vez los que tienen mayor efecto de reducción de la pobreza por ingresos y los que necesitan un análisis complementario que va más allá del dinero.
En efecto, hay al menos dos cuestiones estructurales a considerar:
a) La secuencia que recorre el subsidio, desde la manera en que se selecciona el beneficiario, hasta la forma en que se controlan las contraprestaciones posibles.
b) Los efectos de alejarse o en el extremo de no conocer nunca una rutina de trabajo, ya sea en relación de dependencia o autónoma.
El primer aspecto nos remite a las organizaciones sociales. Salvo en el caso de la AUH, casi todos los restantes subsidios específicos implican la necesidad de agruparse en cooperativas que en términos prácticos se convierten en trámites administrativos, más que en agrupaciones solidarias con un trabajo cultural al interior de cada grupo. Esas unidades son promovidas y administradas por todos los espacios políticos que tienen presencia en los sectores más humildes de la sociedad.
Eso se concreta mediante una red de militantes intermedios, que se convierten en decisores fuertes respecto de la integración de los grupos, de la permanencia en ellos y de todo otro elemento condicionante de la percepción del subsidio. Aparece de tal modo un escenario temible y con razón para ello: la subordinación de los beneficiarios respecto de una capa de gestores, que se benefician políticamente de esa intermediación, configurando así un sistema que tiende a prolongarse en el tiempo. Los gestores no tienen interés en que sus subordinados adquieran autonomía y salgan del ámbito y a la vez los subsidiados terminan por creer que no hay otro camino que ese, que el trabajo con retribución digna nunca sucederá.
Paradójicamente, los integrados a un sistema de subsidios terminan teniendo temores que son típicos de la clase media, acostumbrada a cierta insatisfacción con la calidad de vida que tiene, pero a la vez con miedo permanente a retroceder hacia la pobreza. La clase media suele asignar buena parte de sus miedos de retroceso a reales o hipotéticos actos de gobierno, del gobierno que sea. Los compatriotas subsidiados, en cambio, focalizan con claridad el punto: se trata de las decisiones de la intermediación política de la cual dependen. Si para cambiar su condición, aparece el riesgo de dejar de percibir el subsidio, la respuesta masiva es reticente al cambio, porque nadie tiene claro si se podrá volver a entrar.
La trama descrita es bien conocida, pero nunca asumida como peligrosa para acceder a la justicia social plena, sino como un mal menor en ámbitos que se consideran como una transición al trabajo formal. Sin embargo, los años muestran que esa transición no se concreta. A la trampa política – para unos y otros – se le suma la enorme carga que representa crear una rutina de baja eficiencia y baja dedicación horaria a un trabajo. Como el compromiso no es para sí, no queda claro en ningún momento que represente otra cosa que el canje de tiempo por dinero, un dinero que para peor no alcanza, la contra prestación se hace tan burocrática como la de un oficinista o un obrero de línea de montaje explotados.
En síntesis: la inclusión por ingresos, permite atender necesidades de subsistencia en mucha mayor proporción que si el estado de bienestar no existiera. En paralelo, sin embargo, crea anomalías en lo que podríamos definir como un tejido social de ciudadanos libres y con perspectivas de mejorar su condición día a día.
LA INCLUSIÓN POR EL TRABAJO: EL DESAFÍO
Si se revisa lo antedicho, sostengo que el crecimiento global y los programas de capacitación no alcanzan y que los subsidios en dinero no constituyen una transición automática, sino que tienden a crear situaciones estables de dependencia del sistema de asignación de recursos.
Entonces, ¿Qué? ¿Cómo se hace para avanzar desde la situación actual hacia una sociedad más justa, donde como principio todos puedan y quieran trabajar?
La solución no pasa “simplemente” por encontrar nuevos instrumentos que se agreguen o que reemplacen a parte o todo el menú actual. Es esencialmente política, porque los primeros que tienen que cambiar su visión son los dirigentes políticos del máximo nivel y los intermedios, hasta llegar a los operadores barriales actuales. Tienen que cambiar la conceptualización del modelo económico y social deseado y también la forma de acumulación y legitimación del poder político, desde la base social hasta la cúpula.
Ambos planos son necesarios y simultáneos.
Se requiere una democratización y argentinización de la producción, que permita que toda producción de pequeña escala que tenga sentido se pueda realizar sin ser doblegada por el mero poder económico. Solo por ese camino se puede aspirar a una generación de trabajo de calidad que contenga a toda la sociedad argentina.
Como contracara, se necesita que todo nivel de la dirigencia política asuma la responsabilidad de participar del cambio cultural y organizacional de largo plazo, que permitirá transformar la población subsidiada en compatriotas participantes con libertad en sistemas de producción de bienes y servicios que la sociedad necesita, donde cada uno asuma la conducción de su propio destino.
Las dos afirmaciones que preceden podrían ser criticadas, con cierta justicia, por genéricas. En defensa de eso, corresponde señalar que efectivamente no estamos ante dilemas instrumentales. Esas preguntas aparecerán solo después de coincidir en que debemos cuestionarnos los objetivos profundos, aquellos que se definen justamente por afirmaciones genéricas-
Democratizar y argentinizar la economía pone por delante tareas bien distintas y muchos más complejas que equilibrar la balanza de pagos y reducir la inflación, por ejemplo. Cambiar la forma de organización y de acumulación de poder político, por su parte, implica una profunda revisión – especialmente para los espacios con mayor inserción popular – de la relación conductor-conducido. El liderazgo debe ser una figura social revalidada día a día por la respuesta del líder a las necesidades de los conducidos. Mientras ese concepto no sea un catecismo, todo – todo – lo demás se hace frágil, difícil de ejecutar hasta lo imposible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario