La Agencia Nacional de Discapacidad comenzó un proceso para dar de baja algunos de estos beneficios. En 2017, el Ministerio de Desarrollo Social había cancelado miles de pensiones, pero tuvo que revisar su decisión. ¿Qué es una pensión por invalidez, cuál es el conflicto y qué pasó con estos beneficios durante el kirchnerismo y la gestión de Cambiemos?
En los últimos días, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió una resolución que anuncia los pasos administrativos con los que se darán de baja algunas pensiones por invalidez. Esto generó preocupación, especialmente porque el año último el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación canceló estos beneficios para miles de personas sin aviso previo. Este año no es así, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Todos los datos a continuación.
¿Qué es una pensión por invalidez?
En la actualidad, el Estado nacional otorga una pensión a las personas que tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en su capacidad laboral del 76% o más, y que además cumplan con una serie de condiciones que acrediten que no tienen otro tipo de ingreso. Entre otros requisitos, los beneficiarios ni su cónyuge pueden: percibir ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva -es decir que no requiere aportes previos-; ni estar empleados bajo relación de dependencia. Tampoco pueden tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar.
El monto mensual de este beneficio hoy es de $5.865 de bolsillo (el 70% de una jubilación mínima), que se eleva un 40% para los residentes en el sur del país, debido al adicional por Zona Austral; y lo reciben más de un millón de personas, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Discapacidad publicados en el último informe de Jefatura de Gabinete de Ministros.
¿Cuál es el conflicto con el Gobierno por las pensiones?
Este año el conflicto se inició porque, en su última resolución, la Agencia Nacional de Discapacidad indicó que enviará una carta a aquellos beneficiarios de la pensión que no cumplirían con todas las condiciones legales establecidas, según determinaron a través de un cruce de datos entre distintas dependencias públicas. Quienes reciban ese aviso tendrán diez días hábiles para sacar un turno telefónico en la ANSES (deben llamar al número 130) para luego completar su trámite en una dependencia, en donde se podrá verificar si cumplen con los requerimientos o no.
Las condiciones para el otorgamiento de esta pensión fueron fijadas por el Decreto 432 de 1997 pero no siempre fueron aplicadas de la misma manera.
“En las gestiones anteriores administrativamente se flexibilizaron los requisitos para el otorgamiento de estos beneficios”, indicó a Chequeado Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). A pesar de que la norma no se derogó, la no aplicación del decreto “permitió que la Argentina se alineara con el compromiso de protección de las personas con discapacidades, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que el país firmó en 2008″, agregó Suleiman.
Sin embargo, a partir de la aplicación de los requisitos fijados en el decreto, en 2017 se suspendieron o dieron de baja 93.179 pensiones por invalidez, de las cuales 43.150 fueron rehabilitadas por medidas cautelares. Según explica la Agencia Nacional de Discapacidad, la diferencia entre las suspendidas y las activadas (más de 50 mil casos) se debe a diferentes motivos, como renuncias al beneficio, el fallecimiento del titular o la elección de otro beneficio de la ANSES como la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) -que equivale al 80% de una jubilación mínima-.
Semanas atrás, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 falló a favor de una denuncia realizada por la REDI. “El fallo indicó que el Estado nacional tiene que devolver las pensiones, que hasta el momento devolvió cautelarmente. Los obligó a dar marcha atrás porque consideró que no hubo debido proceso en la eliminación de las pensiones”, explicó Suleiman. El Gobierno nacional, por su parte, apeló el fallo.
¿Qué pasó con estos beneficios durante el kirchnerismo y en lo que va de la gestión de Cambiemos?
Entre 2003 y 2015, según datos oficiales, durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la cantidad de beneficios por discapacidad aumentó notablemente, al pasar de 78.585 a 1.034.743, un incremento de 1.217%.
Entre 2016 y septiembre de 2018 (último dato oficial disponible), durante la gestión de Mauricio Macri, estas pensiones crecieron un 0,19%: pasaron de 1.041.004 a 1.042.945, teniendo en cuenta la diferencia entre las altas y bajas Según el Proyecto de Presupuesto 2019, el año próximo Cambiemos proyecta mantener 1.032.926 los beneficios (-1%).
Durante los primeros dos años de gobierno de Cambiemos, la mayoría de las bajas de las pensiones por invalidez, alrededor de 30 mil pensiones, se debieron a la elección de otro beneficio, como la PUAM. Le siguieron el “presunto fallecimiento” del beneficiario y el hecho de que el titular tenga empleo o un auto modelo 2013/2017. En lo que va de este año, por su parte, la mayoría de las bajas se dieron por “presunto fallecimiento”, de acuerdo con datos de la Agencia.
Los cambios en la aplicación de los requisitos para el acceso a la pensión podrían afectar en particular a los menores de edad con discapacidad. Es que la aplicación estricta del decreto de 1997 exige que se determine la invalidez laboral, algo que no puede ser certificado en el caso de los niños y niñas porque legalmente los menores de 16 años no pueden trabajar.
Ante la consulta de Chequeado, desde la Agencia respondieron que “en la actualidad cobran pensión por invalidez laborativa 129.013 menores de edad. De este universo actual, únicamente tienen Certificado Único de Discapacidad 67.451 beneficiarios”. En relación al otorgamiento de pensiones a menores de edad durante esta gestión, desde el área de Comunicación del organismo indicaron que “desde enero de 2016 a la fecha se otorgaron 24.284 pensiones a menores de edad”.
Ante la aplicación más estricta de las pensiones por invalidez, quedaría un vacío de protección del Estado para aquellos que no cumplen con todas estas condiciones. La Agencia sostuvo a este medio que “nunca estuvo -ni estará- contemplado en ningún proyecto de esta administración dejar a menores de edad con vulnerabilidad social sin una asignación económica por parte del Estado”.
Por su parte, Gabriela Troiano, ex diputada nacional (Partido Socialista) y ex vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación recordó a Chequeado: “Es importante impulsar la creación de una pensión para personas con discapacidad, al margen de la invalidez laboral, y también exigimos que se cumpla el cupo laboral del 4%, que actualmente se incumple”.
Fuente: Chequeado.com
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