En la audiencia pública realizada el martes pasado en el Congreso, en la que catorce postulantes finalistas al cargo de Defensor/a de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentaron sus planes de trabajo, hubo consenso generalizado sobre la grave y urgente situación de infantilización de la pobreza, las fuertes desigualdades regionales y la importancia de dar prioridad a la asignación presupuestaria de los programas que aseguran los derechos de la infancia.
En una línea similar, organismos de Naciones Unidas manifestaron recientemente su preocupación al Estado argentino por la desigualdad y por los niveles de pobreza, que afectan al menos a 4 de cada 10 niñas y niños (según Indec). Los expertos señalaron, entre otras cuestiones, el aumento en los niveles de malnutrición y las disparidades provinciales, e instaron al Estado a incrementar sus esfuerzos para promover la salud materna e infantil.
Un día después de la audiencia realizada en el marco del concurso público para la designación del Defensor del Niño, el presupuesto que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados para las políticas que deben asegurar los derechos de la infancia más postergada, aún con las importantes modificaciones introducidas por el Congreso -que elevó en 900 millones de pesos la asignación prevista para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf)-, es regresivo en áreas clave y conllevará una profundización de la vulneración de derechos de quienes deberían ser la absoluta prioridad, incluso en contextos de crisis económica.
Los números son elocuentes. A modo de ejemplo, el Programa de Atención a la Madre y el Niño disminuyó un 80% en términos reales en relación con el presupuesto aprobado en 2018 y tendrá la asignación presupuestaria más baja de todo el período 2012-2019. Los impactos de esta reducción se evidencian al analizarse las variaciones en varias metas proyectadas: mientras que en 2018 se proyectó la entrega de 1.678.960 medicamentos, en 2019 solo se proyectan 878.136, y la cantidad de centros de salud a los que se proveerá equipamiento pasará de 473 a 100. Algo similar ocurre con las otras metas del programa, como la capacitación de personal, la realización de publicaciones y la evaluación del estado de salud de niños de 1° y 6° grado.
Si se analizan los fondos asignados a la Sennaf, a cargo de programas de promoción y asistencia a espacios de primera infancia y del programa de acciones para la promoción y protección integral de los derechos de la niñez, entre otros, se advierte que su presupuesto total es un 17,33% inferior al sancionado en 2018, aun teniendo en cuenta el incremento de 900 millones acordado en el Congreso en respuesta al reclamo de organizaciones que defienden los derechos de la niños, niñas y adolescentes. También sufrieron reducciones el Programa de Políticas Alimentarias, que entrega tarjetas alimentarias y provee asistencia a comedores escolares, y el gasto destinado a infraestructura y equipamiento escolar.
La nueva oficina del Defensor/a de Niños, Niñas y Adolescentes, vacante desde su creación, por ley, hace 13 años, y que se espera empiece a funcionar en 2019, se inaugurará con un significativo recorte: de 50.000.000 de pesos asignados en 2018 pasa a 50.174.283 de pesos; una reducción del 25,56 % en términos reales.
Esta situación de ajuste en programas clave para asegurar los derechos a la salud, cuidado y educación de la niñez se agrava si se tiene en cuenta que muchos de ellos, como los destinados a la creación y fortalecimiento de espacios de primera infancia, fueron afectados este año por reasignaciones discrecionales e inconstitucionales de partidas. Varios de estos programas presentan, además, muy bajos niveles de ejecución a la fecha, lo que permite anticipar una importantísima subejecución presupuestaria en 2018.
Esta reducción en la asignación a programas clave para realizar los derechos de la niñez contradice compromisos básicos que Argentina asumió al ratificar tratados de derechos humanos y al sancionar leyes que consagran un sistema especialmente robusto destinado a proteger los derechos de la infancia que prevé, entre otras pautas, la asignación privilegiada de recursos públicos para garantizar sus derechos y su intangibilidad.
Las organizaciones del colectivo Infancia en Deuda esperamos que el Estado argentino se tome en serio estos compromisos y remedie la regresividad en la asignación y ejecución de recursos destinados a programas clave para los derechos de la niñez más postergada, que debe tener absoluta prioridad.
La autora es integrante de la coalición Infancia en Deuda y codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Por: Dalile Antúnez para La Nación
Un día después de la audiencia realizada en el marco del concurso público para la designación del Defensor del Niño, el presupuesto que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados para las políticas que deben asegurar los derechos de la infancia más postergada, aún con las importantes modificaciones introducidas por el Congreso -que elevó en 900 millones de pesos la asignación prevista para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf)-, es regresivo en áreas clave y conllevará una profundización de la vulneración de derechos de quienes deberían ser la absoluta prioridad, incluso en contextos de crisis económica.
Los números son elocuentes. A modo de ejemplo, el Programa de Atención a la Madre y el Niño disminuyó un 80% en términos reales en relación con el presupuesto aprobado en 2018 y tendrá la asignación presupuestaria más baja de todo el período 2012-2019. Los impactos de esta reducción se evidencian al analizarse las variaciones en varias metas proyectadas: mientras que en 2018 se proyectó la entrega de 1.678.960 medicamentos, en 2019 solo se proyectan 878.136, y la cantidad de centros de salud a los que se proveerá equipamiento pasará de 473 a 100. Algo similar ocurre con las otras metas del programa, como la capacitación de personal, la realización de publicaciones y la evaluación del estado de salud de niños de 1° y 6° grado.
Si se analizan los fondos asignados a la Sennaf, a cargo de programas de promoción y asistencia a espacios de primera infancia y del programa de acciones para la promoción y protección integral de los derechos de la niñez, entre otros, se advierte que su presupuesto total es un 17,33% inferior al sancionado en 2018, aun teniendo en cuenta el incremento de 900 millones acordado en el Congreso en respuesta al reclamo de organizaciones que defienden los derechos de la niños, niñas y adolescentes. También sufrieron reducciones el Programa de Políticas Alimentarias, que entrega tarjetas alimentarias y provee asistencia a comedores escolares, y el gasto destinado a infraestructura y equipamiento escolar.
La nueva oficina del Defensor/a de Niños, Niñas y Adolescentes, vacante desde su creación, por ley, hace 13 años, y que se espera empiece a funcionar en 2019, se inaugurará con un significativo recorte: de 50.000.000 de pesos asignados en 2018 pasa a 50.174.283 de pesos; una reducción del 25,56 % en términos reales.
Esta situación de ajuste en programas clave para asegurar los derechos a la salud, cuidado y educación de la niñez se agrava si se tiene en cuenta que muchos de ellos, como los destinados a la creación y fortalecimiento de espacios de primera infancia, fueron afectados este año por reasignaciones discrecionales e inconstitucionales de partidas. Varios de estos programas presentan, además, muy bajos niveles de ejecución a la fecha, lo que permite anticipar una importantísima subejecución presupuestaria en 2018.
Esta reducción en la asignación a programas clave para realizar los derechos de la niñez contradice compromisos básicos que Argentina asumió al ratificar tratados de derechos humanos y al sancionar leyes que consagran un sistema especialmente robusto destinado a proteger los derechos de la infancia que prevé, entre otras pautas, la asignación privilegiada de recursos públicos para garantizar sus derechos y su intangibilidad.
Las organizaciones del colectivo Infancia en Deuda esperamos que el Estado argentino se tome en serio estos compromisos y remedie la regresividad en la asignación y ejecución de recursos destinados a programas clave para los derechos de la niñez más postergada, que debe tener absoluta prioridad.
La autora es integrante de la coalición Infancia en Deuda y codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Por: Dalile Antúnez para La Nación
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