El sacerdote condenado por pedófilo está acusado del delito de peculado reiterado en dos hechos, que contempla una pena de 2 a 10 años de prisión. Sería la tercera condena para el religioso.
La Cámara de Garantías en lo Penal de Morón confirmó hace instantes la elevación a juicio oral de la una nueva causa por la que se investiga el desvío de fondos y alimentos originariamente destinados a la fundación ‘Felices los Niños’ que fueron ilegalmente derivados a la Unidad Penitenciaria 41 de Campana cuando allí se encontraba detenido el sacerdote Julio César Grassi, anterior presidente de la citada ONG y condenado por abuso sexual de menores a 15 años de prisión.
Esta nueva causa, cuyo fallo fue firmado por los jueces Fernando Bellido, Fabián Cardoso y Diego Matías Grau, había sido elevada a debate oral por la jueza de Garantías Lucía Casabayó pero apelada por la defensa de los imputados, y tiene también involucrados a otros integrantes de una organización que determinó el desvío de donaciones que debían ir a los menores alojados en la fundación y terminaron en la cárcel donde estaba alojado Grassi.
Los que serán juzgados junto al cura son Mario Amarilla, Carlos Martínez, Pablo Lome e Iván Guex, coautores del delito de peculado reiterado en dos hechos, mientras que el religioso está considerado como partícipe necesario para la ejecución del delito, que contempla una pena de 2 a 10 años de prisión. La instrucción probó que Lome el portero, Guex el chofer que transportaba la mercadería y Martínez y Amarilla administraban la fundación. Todos bajo la dirección del sacerdote, que estaba detenido y no tenía cargo formal.
La mercadería que en vez de ir a ‘Felices los Niños’ terminó en el penal es la siguiente: sal fina; sal gruesa; fideos para sopa; lentejas; soja texturada; repollo; zapallitos tipo zucchini y anco; cebollas; tapas para empanadas; tapas para pascualina; muzzarella; harina de maíz; fideos; chorizos; mermeladas y cereales.
De esta forma, Grassi quedó al borde de su tercera condena ya que sobre el sacerdote pesan los 15 años de prisión por abuso contra un menor que se alojaba en la Fundación, y la condena del 16 de noviembre pasado a dos años de prisión en suspenso por desviar fondos de esa ONG para el pago del alquiler de una casa quinta en la que vivía en el partido bonaerense de Hurlingham.
Fuente: Primer Plano
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