Revisan 150 cargos del gobierno provincial. Y pedirán a legisladores que presenten sus declaraciones juradas.
María Eugenia Vidal pondrá en revisión 150 cargos de la estructura jerárquica de gobierno provincial, prevé una nueva Ley de Ministerios para evitar “superposiciones” de tareas operativas, la supresión de jubilaciones de privilegios, un recorte de 2.500 millones de pesos en la Legislatura y final de exenciones impositivas para actividades partidarias y gremiales en la Provincia.
Es parte de un paquete de leyes complementarias del Presupuesto 2018 que ingresó anoche a la cámara de Diputados. Es el denominado “ajuste de la política”. Responde, además, a la necesidad de recursos que tiene Bueno Aires. Según el cálculo de gastos y recursos del año próximo, está contemplado un endeudamiento de 58.890 millones de pesos.
Desde que asumió, Vidal ya ahorró 500 millones de pesos por eliminación de cargos y gastos funcionales en su gabinete. Ahora contempla la supresión de 150 cargos políticos. Es el 50% de los funcionarios en el segmento de directores provinciales y subsecretarios. El staff completo con directores de líneas llega al millar.
Si el parlamento acompaña las iniciativas, desde 2018 los gobernadores, vicegobernadores y legisladores ya no podrán jubilarse con 30 años de servicio y 55 años de edad. El retiro más notorio con la llamada Ley Mercante (1951) fue el piquetero Luis D’Elía, quien se acogió al beneficio con el mejor sueldo de legislador, que desempeñó apenas por tres años. La norma está vigente y la tira de jubilados “especiales” es generosa. Hace unos años se quiso incluir a intendentes y concejales. La Cámara de Diputados llegó a aprobarla. Ahora se pretende 35 años de servicio y 60 de edad.
En la Ley de Ministerios no se promueven supresión de carteras, pero habrá reprogramación en las misiones y funciones.
De acuerdo con el adelanto del Ministro de Economía, Hernán Lacunza y del jefe de Gabinete, Federico Salvai, el convite para el “ajuste de la política” llegará en los próximos días a diputados y senadores. La Legislatura consume el 1,5 del PBI provincial. Son 7.500 millones de pesos. Vidal espera un recorte de gasto de 2.500 millones de pesos. Pero, es una gestión inductiva no determinante porque los parlamentarios resuelven su propio presupuesto.
El pedido de adhesión será, también, para que el congreso provincial habilite la declaración jurada de sus miembros, como en el Ejecutivo. Es un trámite que no cumplen en el Poder Judicial. Tampoco en los organismo de la Constitución (fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Contaduría General). Además, ninguno de ellos paga ganancias. En esos casos los sueldos son equiparables con los ministros de la Corte.
Según una dato oficial, en la Provincia hay 2.000 personas que perciben más remuneración que la gobernadora. La mayoría corresponde a la Justicia y Poder Legislativo.
Con las reformas que enviarán a la Legislatura, también dejarán de estar exentos de pago las asociaciones de trabajadores, los partidos políticos y las agrupaciones vecinales. Se agregan aquellas mutuales que realizan actividades financieras (prestando plata) y no tributan Ingresos Brutos. Las cooperativas que realizan ventas al por menor también van a la bolsa.
En el proyecto de Presupuesto 2018 no hay pauta salarial para la administración pública de la Provincia del año que viene.
El Fondo de Infraestructura, que demandó 10.000 millones de pesos destinados los municipios en este ejercicio, no figura en la letra. En enero, los intendentes destrabaron la aprobación del Presupuesto con el envió de estos fondos a las comunas. En la Gobernación explicaron a Clarín que “es necesario acelerar las obras en ejecución 2016-2017. En algunos casos llevan sólo 30 % de ejecución”, es la aclaración.
Salvai y Lacunza dicen que “de inercia hay 20.000 millones de pesos en obras” por completar. Un dato: para Hidráulica se aprobará 82% de aumento de plata. Entre otros trabajos, para el saneamiento de La Cuenca del Salado. Parece que habrá menos “cordón cuneta” a cargo de la Provincia.
Es parte de un paquete de leyes complementarias del Presupuesto 2018 que ingresó anoche a la cámara de Diputados. Es el denominado “ajuste de la política”. Responde, además, a la necesidad de recursos que tiene Bueno Aires. Según el cálculo de gastos y recursos del año próximo, está contemplado un endeudamiento de 58.890 millones de pesos.
Desde que asumió, Vidal ya ahorró 500 millones de pesos por eliminación de cargos y gastos funcionales en su gabinete. Ahora contempla la supresión de 150 cargos políticos. Es el 50% de los funcionarios en el segmento de directores provinciales y subsecretarios. El staff completo con directores de líneas llega al millar.
Si el parlamento acompaña las iniciativas, desde 2018 los gobernadores, vicegobernadores y legisladores ya no podrán jubilarse con 30 años de servicio y 55 años de edad. El retiro más notorio con la llamada Ley Mercante (1951) fue el piquetero Luis D’Elía, quien se acogió al beneficio con el mejor sueldo de legislador, que desempeñó apenas por tres años. La norma está vigente y la tira de jubilados “especiales” es generosa. Hace unos años se quiso incluir a intendentes y concejales. La Cámara de Diputados llegó a aprobarla. Ahora se pretende 35 años de servicio y 60 de edad.
En la Ley de Ministerios no se promueven supresión de carteras, pero habrá reprogramación en las misiones y funciones.
De acuerdo con el adelanto del Ministro de Economía, Hernán Lacunza y del jefe de Gabinete, Federico Salvai, el convite para el “ajuste de la política” llegará en los próximos días a diputados y senadores. La Legislatura consume el 1,5 del PBI provincial. Son 7.500 millones de pesos. Vidal espera un recorte de gasto de 2.500 millones de pesos. Pero, es una gestión inductiva no determinante porque los parlamentarios resuelven su propio presupuesto.
El pedido de adhesión será, también, para que el congreso provincial habilite la declaración jurada de sus miembros, como en el Ejecutivo. Es un trámite que no cumplen en el Poder Judicial. Tampoco en los organismo de la Constitución (fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Contaduría General). Además, ninguno de ellos paga ganancias. En esos casos los sueldos son equiparables con los ministros de la Corte.
Según una dato oficial, en la Provincia hay 2.000 personas que perciben más remuneración que la gobernadora. La mayoría corresponde a la Justicia y Poder Legislativo.
Con las reformas que enviarán a la Legislatura, también dejarán de estar exentos de pago las asociaciones de trabajadores, los partidos políticos y las agrupaciones vecinales. Se agregan aquellas mutuales que realizan actividades financieras (prestando plata) y no tributan Ingresos Brutos. Las cooperativas que realizan ventas al por menor también van a la bolsa.
En el proyecto de Presupuesto 2018 no hay pauta salarial para la administración pública de la Provincia del año que viene.
El Fondo de Infraestructura, que demandó 10.000 millones de pesos destinados los municipios en este ejercicio, no figura en la letra. En enero, los intendentes destrabaron la aprobación del Presupuesto con el envió de estos fondos a las comunas. En la Gobernación explicaron a Clarín que “es necesario acelerar las obras en ejecución 2016-2017. En algunos casos llevan sólo 30 % de ejecución”, es la aclaración.
Salvai y Lacunza dicen que “de inercia hay 20.000 millones de pesos en obras” por completar. Un dato: para Hidráulica se aprobará 82% de aumento de plata. Entre otros trabajos, para el saneamiento de La Cuenca del Salado. Parece que habrá menos “cordón cuneta” a cargo de la Provincia.
Fuente: Clarín
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