Son algo más de 5.000 mujeres desde 2008. Una de cada 10 es una menor.
El 23 de septiembre de 1913 se promulgó la Ley 9.143, conocida como “Ley Palacios” en honor a su autor, el legislador socialista Alfredo Palacios. Era la primera vez que una ley planteaba la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y mujeres.
Casi cien años después, en 2008, se sancionó la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y comenzó a haber estadísticas: desde entonces a junio de este año han sido rescatadas 5.146 mujeres y trans, una de cada diez, una niña.
Los rescates se dan en allanamientos, tras investigaciones que comienzan por denuncias (en los primeros seis meses de este año hubo 630 a la línea 145). “Acompañamos a las víctimas en tres momentos: el allanamiento, la entrevista y la primera declaración testimonial -explica a Clarín Zaida Gatti, al frente del Programa-. El engaño sigue siendo la modalidad más frecuente”. Bajo ese engaño hay niñas, trans, mulas y hasta mujeres que dicen ser “trabajadoras independientes”, pero luego se quiebran y se dan cuenta que no lo son. “Este discurso seudo cooperativista es el de las organizaciones que defienden el trabajo sexual, que con su reclamo permanente de legalizar y reglamentar colaboran con las redes de trata, que tienen un argumento cuasi legal para seguir explotando mujeres”, explica Gatti.
“Casi todas las personas reclutadas o explotadas por redes de prostitución son mujeres y niñas. Muchas con necesidades económicas extremas o con historias previas de incesto, abuso físico o sexual, alejadas de sus lugares de origen y de edades cada vez más tempranas”, agrega Marcela Rodríguez, directora del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Victimas de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación.
Muchas de estas mujeres son rescatadas una y otra vez en distintos allanamientos. Se explica por la enorme dificultad para salir del sistema prostibulario. La ley de trata (se modificó en 2012, y se sancionó la 26.842), dice que el Estado debe restituir sus derechos vulnerados. “Todavía hay situaciones de trata en el país y todavía estamos en deuda con las víctimas”, dice a Clarín María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia, y coordinadora del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata.
¿Qué es de la vida de estas mujeres una vez rescatadas?
“Algunas vuelven con sus familias, o a sus países. Y los puntos focales de cada provincia deben encargarse de brindarles vivienda, comida, trabajo, asistencia psicológica y gratuita”, explica. Los “puntos focales” serían las áreas de Desarrollo Social de cada jurisdicción. ¿Quién las monitorea?
El Area para la Prevención de las Peores Formas de Vulneración de Derechos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Allí admiten que “la perspectiva es asistencialista y no de reparación de derechos”, que “hay mucho para mejorar” y que “es difícil monitorear todas las provincias, algunas trabajan bien, otras no”. En este momento se están asistiendo a 211 mujeres en todo el país. Para María Fernanda Rodríguez, que exista el Consejo es un gran paso: “Están todos los poderes y todas las provincias”. Asegura que están trabajando para que el dinero y los bienes decomisados de los explotadores pasen directamente a las víctimas.
Dice Marcela Rodríguez: “Solo cuando existan políticas públicas articuladas de prevención y represión de la explotación sexual, asistencia, protección, reinserción social y restauración plena de derechos a las víctimas, el Estado habrá comenzado una verdadera lucha contra la trata y la explotación sexual”.
El 23 de septiembre de 1913 se promulgó la Ley 9.143, conocida como “Ley Palacios” en honor a su autor, el legislador socialista Alfredo Palacios. Era la primera vez que una ley planteaba la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y mujeres.
Los rescates se dan en allanamientos, tras investigaciones que comienzan por denuncias (en los primeros seis meses de este año hubo 630 a la línea 145). “Acompañamos a las víctimas en tres momentos: el allanamiento, la entrevista y la primera declaración testimonial -explica a Clarín Zaida Gatti, al frente del Programa-. El engaño sigue siendo la modalidad más frecuente”. Bajo ese engaño hay niñas, trans, mulas y hasta mujeres que dicen ser “trabajadoras independientes”, pero luego se quiebran y se dan cuenta que no lo son. “Este discurso seudo cooperativista es el de las organizaciones que defienden el trabajo sexual, que con su reclamo permanente de legalizar y reglamentar colaboran con las redes de trata, que tienen un argumento cuasi legal para seguir explotando mujeres”, explica Gatti.
“Casi todas las personas reclutadas o explotadas por redes de prostitución son mujeres y niñas. Muchas con necesidades económicas extremas o con historias previas de incesto, abuso físico o sexual, alejadas de sus lugares de origen y de edades cada vez más tempranas”, agrega Marcela Rodríguez, directora del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Victimas de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación.
Muchas de estas mujeres son rescatadas una y otra vez en distintos allanamientos. Se explica por la enorme dificultad para salir del sistema prostibulario. La ley de trata (se modificó en 2012, y se sancionó la 26.842), dice que el Estado debe restituir sus derechos vulnerados. “Todavía hay situaciones de trata en el país y todavía estamos en deuda con las víctimas”, dice a Clarín María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia, y coordinadora del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata.
¿Qué es de la vida de estas mujeres una vez rescatadas?
“Algunas vuelven con sus familias, o a sus países. Y los puntos focales de cada provincia deben encargarse de brindarles vivienda, comida, trabajo, asistencia psicológica y gratuita”, explica. Los “puntos focales” serían las áreas de Desarrollo Social de cada jurisdicción. ¿Quién las monitorea?
El Area para la Prevención de las Peores Formas de Vulneración de Derechos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Allí admiten que “la perspectiva es asistencialista y no de reparación de derechos”, que “hay mucho para mejorar” y que “es difícil monitorear todas las provincias, algunas trabajan bien, otras no”. En este momento se están asistiendo a 211 mujeres en todo el país. Para María Fernanda Rodríguez, que exista el Consejo es un gran paso: “Están todos los poderes y todas las provincias”. Asegura que están trabajando para que el dinero y los bienes decomisados de los explotadores pasen directamente a las víctimas.
Dice Marcela Rodríguez: “Solo cuando existan políticas públicas articuladas de prevención y represión de la explotación sexual, asistencia, protección, reinserción social y restauración plena de derechos a las víctimas, el Estado habrá comenzado una verdadera lucha contra la trata y la explotación sexual”.
Fuente: Clarín
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