Tras la audiencia pública ayer en el Teatro de la Ribera, se resolvió que la empresa estatal Aysa aplique una suba en la factura del agua para la ciudad y el conurbano.
Tras la audiencia pública que se llevó a cabo ayer en el Teatro de la Ribera, se resolvió que la empresa estatal Aysa aplicará una suba del 23% en la factura del agua desde mayo para la ciudad de Buenos Aires y partidos del GBA. Ahora, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) definirá antes de fin de mes la nueva estructura tarifaria.
En la propuesta elaborada por la empresa se planteó, además, el mantenimiento del descuento de 25 por ciento en la factura para aproximadamente 1,5 millón de usuarios, en su mayoría habitantes de zonas vulnerables, que tenían ese beneficio hasta abril de 2017 y ahora se plantea extender hasta abril de 2018.
Según se detalló, el nuevo valor porcentaje se desglosa de la siguiente manera: el 17% corresponde a la inflación esperada para este año y 6% restante corresponde a inversiones que se harán para mejorar el servicio.
El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, fue quien propuso el porcentaje y dijo que no prevé aumentos adicionales durante el corriente año. Recordó, asimismo, que la propuesta se complementa con una modificación a la que calificó como "trascendental", y que se inicia un proceso de generalizar la micromedición de los consumos en el que "se pasa de facturar por superficie de inmueble, a hacerlo por el volumen de los consumos reales".
"Aysa avanza en la instalación de micromedidores para cubrir el 10% de los usuarios no residenciales, y en junio próximo debe presentar un plan de medición generalizada a los usuarios residenciales", dijo. De acuerdo con el nuevo marco regulatorio, el servicio no será tarifado por el tamaño de la propiedad, sino que se basará en un servicio básico universal que tendrá un costo fijo más un costo variable, en función del agua consumida.
El funcionario recordó también la implementación de una tarifa social con descuentos del 50% al 100%, que pasó de tener 13.000 beneficiarios en el 2016 a 265.000 este año, lo que representa el 9% de los usuarios de la concesión y equivale a un descuento cercano a los $1.150 millones.
En la audiencia expuso también el gerente general de Aysa, Martín Heinrich; el defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor; Ana Herrero, de la entidad Defensa de Usuarios del Ente Regulador del Agua, y la ex diputada María José Lubertino, entre otros.
En la propuesta elaborada por la empresa se planteó, además, el mantenimiento del descuento de 25 por ciento en la factura para aproximadamente 1,5 millón de usuarios, en su mayoría habitantes de zonas vulnerables, que tenían ese beneficio hasta abril de 2017 y ahora se plantea extender hasta abril de 2018.
Según se detalló, el nuevo valor porcentaje se desglosa de la siguiente manera: el 17% corresponde a la inflación esperada para este año y 6% restante corresponde a inversiones que se harán para mejorar el servicio.
El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, fue quien propuso el porcentaje y dijo que no prevé aumentos adicionales durante el corriente año. Recordó, asimismo, que la propuesta se complementa con una modificación a la que calificó como "trascendental", y que se inicia un proceso de generalizar la micromedición de los consumos en el que "se pasa de facturar por superficie de inmueble, a hacerlo por el volumen de los consumos reales".
"Aysa avanza en la instalación de micromedidores para cubrir el 10% de los usuarios no residenciales, y en junio próximo debe presentar un plan de medición generalizada a los usuarios residenciales", dijo. De acuerdo con el nuevo marco regulatorio, el servicio no será tarifado por el tamaño de la propiedad, sino que se basará en un servicio básico universal que tendrá un costo fijo más un costo variable, en función del agua consumida.
El funcionario recordó también la implementación de una tarifa social con descuentos del 50% al 100%, que pasó de tener 13.000 beneficiarios en el 2016 a 265.000 este año, lo que representa el 9% de los usuarios de la concesión y equivale a un descuento cercano a los $1.150 millones.
En la audiencia expuso también el gerente general de Aysa, Martín Heinrich; el defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor; Ana Herrero, de la entidad Defensa de Usuarios del Ente Regulador del Agua, y la ex diputada María José Lubertino, entre otros.
Fuente: Infobae
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