Antes de que el diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello solicitara un jury de enjuiciamiento en su contra, el juez Luis Arias emitió una sentencia que suspende el decreto de la gobernación que dispuso la municipalización del Servicio Alimentario Escolar.
La sentencia, en efecto, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de consejeros escolares de distintos distritos, afectados por el traspaso de competencias.
En este sentido, el titular del juzgado Contencioso Administrativo consideró que la medida resulta contraria “a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, que expresamente disponen que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnico –pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares”.
Asimismo, indican que, tal como surge del Decreto, la administración de los recursos humanos que llevan adelante el programa alimentario (SAE), será personal municipal, sin explayarse respecto de lo que ocurrirá con el personal auxiliar docente que actualmente lo desempeña y que tampoco queda claro quién continuaría con la ejecución del programa, en el caso de que el mismo sea dado de baja en el Municipio
El Decreto 2077/16, dictado por el Poder Ejecutivo, fue aceptado por los intendenets Juan Zabaleta de Hurlingham, Néstor Grindetti de Lanús, Ramiro Tagliaferro de Morón, Pablo Petrecca de Junín, Gustavo Posse de San Isidro y Martín Yeza de Pinamar.
A todo esto, el bloque de concejales del FPV de Morón volvió a pedir que el fondo vuelva al Consejo Escolar. Ayer se reunió con proveedores que hasta el año pasado eran contratados por el SAE.
“Me manifestaron que a partir de la municipalización del servicio, no les permitieron participar de los procesos de selección de las empresas que ahora fueron contratadas”, señaló el presidente de bloque, Hernán Sabbatella.
El lunes su bancada pidió la interpelación del intendente, tras acusarlo de contratar una “empresa fantasma”, lo cual ayer su gobierno salió a desmentir con papeles.
Cambiemos demostró que la empresa estaba inscripta desde abril de 2015. Y negó que la calidad de los alimentos hubiera bajado, al tiempo que descalificó las denuncias. “No tenemos nada que ocultar. El sabbatellismo nos tiene acostumbrado a mentir”, sostuvo la presidenta del HCD, Natalín Faravelli.
Tras la reunión con proveedores, Sabbatella insistió: “Según nos contaron los damnificados, pymes locales y comercios barriales, fueron desplazados de la prestación del servicio y reemplazados por empresas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires”.
En este sentido, el titular del juzgado Contencioso Administrativo consideró que la medida resulta contraria “a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, que expresamente disponen que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnico –pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares”.
Asimismo, indican que, tal como surge del Decreto, la administración de los recursos humanos que llevan adelante el programa alimentario (SAE), será personal municipal, sin explayarse respecto de lo que ocurrirá con el personal auxiliar docente que actualmente lo desempeña y que tampoco queda claro quién continuaría con la ejecución del programa, en el caso de que el mismo sea dado de baja en el Municipio
El Decreto 2077/16, dictado por el Poder Ejecutivo, fue aceptado por los intendenets Juan Zabaleta de Hurlingham, Néstor Grindetti de Lanús, Ramiro Tagliaferro de Morón, Pablo Petrecca de Junín, Gustavo Posse de San Isidro y Martín Yeza de Pinamar.
A todo esto, el bloque de concejales del FPV de Morón volvió a pedir que el fondo vuelva al Consejo Escolar. Ayer se reunió con proveedores que hasta el año pasado eran contratados por el SAE.
“Me manifestaron que a partir de la municipalización del servicio, no les permitieron participar de los procesos de selección de las empresas que ahora fueron contratadas”, señaló el presidente de bloque, Hernán Sabbatella.
El lunes su bancada pidió la interpelación del intendente, tras acusarlo de contratar una “empresa fantasma”, lo cual ayer su gobierno salió a desmentir con papeles.
Cambiemos demostró que la empresa estaba inscripta desde abril de 2015. Y negó que la calidad de los alimentos hubiera bajado, al tiempo que descalificó las denuncias. “No tenemos nada que ocultar. El sabbatellismo nos tiene acostumbrado a mentir”, sostuvo la presidenta del HCD, Natalín Faravelli.
Tras la reunión con proveedores, Sabbatella insistió: “Según nos contaron los damnificados, pymes locales y comercios barriales, fueron desplazados de la prestación del servicio y reemplazados por empresas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires”.
Fuente: Un Medio en Morón
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