Buenos Aires efectivamente está entre las jurisdicciones con menores transferencias automáticas en relación a su población.
“Hoy la Provincia recibe en promedio $5.000 por cada vecino de la Provincia, del Gobierno nacional. ¿Sabés cuál es el promedio del resto de las provincias? $20.000. Hay provincias que reciben hasta $40.000 por cada uno de sus vecinos”, señaló la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en una entrevista con el programa Confesiones de Radio Mitre, en el que apuntó al desigual reparto de la coparticipación. “Somos los que menos recibimos y somos los que más aportamos”, concluyó.
Durante 2015 el Gobierno nacional repartió recursos coparticipables entre las provincias por $430 mil millones, de los que el distrito que en ese entonces gobernaba Daniel Scioli recibió el 18,7 por ciento. Esta situación se da pese a que Buenos Aires genera el 36% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Hay que recordar que estas transferencias son automáticas, por lo que no pueden aumentar o reducirse de acuerdo a criterios político partidarios.
Así, la Provincia de Buenos Aires recibió en 2015 casi $5.000 por habitante, si se compara con la población estimada en ese distrito para ese año por el INDEC. Todas las demás jurisdicciones obtuvieron un mayor monto en relación con sus habitantes, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La mayor cifra per cápita se da en Tierra del Fuego ($35 mil) seguida por Catamarca ($28 mil), por lo que con estos datos ninguna provincia alcanza los $40.000 que dijo Vidal. Ese número sí coincide si se realiza el cálculo con la población del Censo 2010.
El promedio de las demás provincias, sin contar al distrito bonaerense, es mayor aunque la cifra puntual depende de la forma en que se lo calcule (varía entre $13 mil y $17 mil por persona). El cálculo realizado por el equipo de la Gobernadora utiliza la población de 2010, y no contabiliza a la Provincia de Buenos Aires ni la CABA.
Esta situación es resultado del sistema de la Ley de Coparticipación Federal y las distintas leyes que la complementan. La ley de coparticipación es de 1988 y, según destaca un informe del Centro CIFRA de la CTA que lidera el sindicalista docente Hugo Yasky, “no se realizó en base a criterios objetivos sino sobre la base de la distribución efectiva de recursos registrada entre los años 1985 y 1987”.
La Provincia “pasó de recibir el 27,56% del total de lo que correspondía a las provincias (48,5%) de la masa coparticipable, es decir un 13,37% de dicha masa, a cobrar un 21,5% del total de lo que corresponde a las provincias (56,66%) de la masa coparticipable, es decir, un 12,18% de la misma”, explicó a Chequeado el economista e investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Carlos Martínez.
Modificar la norma de coparticipación, además, se volvió una tarea casi imposible, ya que requiere que todas las provincias estén de acuerdo con los nuevos porcentajes.
Otro aspecto destacado sobre la situación de la Provincia de Buenos Aires es el referente al Fondo del Conurbano. La Ley 24.621/95 estableció que un 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias fuera al distrito bonaerense para obras de carácter social. La norma establecía un máximo de $650 millones para la Provincia, y en caso de que hubiera excedente, este se repartiría entre el resto de las jurisdicciones.
El problema es que este tope no se modificó y, por la inflación, esos $650 millones representaron una porción cada vez menor de lo recaudado. “En 2015, en lugar de 10% del Impuesto a las Ganancias destinado a la reparación de esta zona, sólo se le envió el 0,2 % de dicho impuesto”, señaló el economista Orlando Ferreres en un artículo de La Nación. Además, se da la paradoja de que la mayoría del resto de las provincias que se reparten el excedente terminan recibiendo más fondos que la propia Provincia de Buenos Aires.
Hoy Vidal tendrá una reunión con los diputados nacionales que representan a la Provincia, en la que pretende “debatir y trabajar en alternativas viables” para recuperar fondos coparticipables.
“Las consecuencias de la menor distribución de fondos a la Provincia, y de una insuficiente explotación de las bases impositivas bonaerenses, en particular el impuesto inmobiliario, son un Gasto Público provincial por habitante que es en Buenos Aires (en 2005-2014) un 36% más bajo que en el resto del país, resultando dicha brecha del 10% para el gasto en seguridad, del 22% para el gasto en educación y del 81% para el gasto en vivienda y urbanismo”, concluyó Martínez.
Fuente: Chequeado.Com
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