Un vecino de Villa Sarmiento nos solicita clarificar algunos aspectos sobre el tema fondos buitre, a raíz de la nota publicada en nuestro Blog con el título "De Rivadavia a los Fondos Buitre: una historia repetida", escrita por el periodista Reynaldo Sietecase.
Leí la nota sobre los fondos buitres del periodista Sietecase replicada en tu blog y me impactó tanto, que estimo oportuno clarificar un poco el tema, y publicar otras opiniones, que den cuenta de las dos caras de la misma moneda, para que este tema, tan espinoso que puede impactar en nuestras economías domésticas, no sea utilizado con otros fines, sino como lo que es, un caso judicial en una jurisdicción “determinada ex profeso” por nuestros gobiernos (este y todos los anteriores) para emitir deuda soberana.
Era más que evidente que acreedores externos (entre los cuales hay muchos argentinos) que no aceptaron entrar al canje propuesto por Argentina, sea en grupo o litigando en solitario, lograrían algún día una sentencia favorable en la jurisdicción definida por los títulos de deuda, para dirimir controversias, esto es la Justicia de New York USA, porque la Ley Cerrojo dictada por el Gobierno Argentino en el año 2005, solamente obliga a nuestros jueces a rechazar demandas de pago de bonistas que no adhirieron oportunamente al canje, en causas que se dirimen en tribunales locales (Argentinos).
La Ley Cerrojo fue una jugada “sumamente riesgosa y delicada” ideada por el ex ministro Roberto Lavagna para asegurarse una alta aceptación al canje I, que buscaba reestructurar deuda en default por casi 100.000 millones de dólares y se promulgó el 10 de febrero de 2005. El artículo clave decía que el Poder Ejecutivo nacional no podrá reabrir el proceso de canje. “Si no entrás ahora, no entrás más” era el mensaje a los bonistas. Es difícil medir el efecto de la ley. En ese momento se logró una aceptación apenas superior al 76%.
Con Amado Boudou como ministro de Economía, el Gobierno impulsó una ley para suspender la vigencia de la ley cerrojo mientras duraba el Canje II. La ley no rigió entre el 10 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre del 2010 (período suspensivo). En ese lapso entraron al canje bonos por 18.000 millones de dólares, y definitivamente quedaron afuera bonos por 5.450 millones. Entre los dos canjes, se logró regularizar el 92% de la deuda defaulteada.
El 8% de deuda no reestructurada es la que nos complica las cosas ahora.
En el primer trimestre del año 2013 la Corte de Apelaciones de Nueva York, se expidió (en segunda instancia) y lo hizo ratificando el fallo del Juez Griesa, otorgándole un plazo a la Argentina que vencía el 29 de marzo (de 2013), para que presentase una propuesta de pago formal en el juicio que iniciaron en ese distrito los denominados fondos buitre, que reclaman un pago “cash” de US$ 1.330 millones.
El Gobierno entonces, comenzó a delinear una estrategia que atendiera dos aspectos fundamentales para arribar a una solución: formalizar una propuesta económica acatando la orden del Juez (no voluntaria) y girar al Congreso un proyecto de ley para suspender nuevamente y por un año, la denominada Ley Cerrojo.
El 5 de setiembre de 2013 la Nación Argentina aprobó una Ley que suspendía explícitamente (en su artículo 7) los efectos del cerrojo "hasta tanto el Congreso declare terminado el proceso de reestructuración" de los títulos públicos que seguían en default (el 8 % en cuestión). Establecía además -en el artículo 5- que el Ministerio de Economía debe "informar trimestralmente" al Congreso sobre los avances en la reestructuración, etc.
El Juez Griesa no define ni juzga cuestiones políticas; dictó su falló en un contrato impago, y ordenó cumplirlo (qué otra cosa puede hacer un Juez), independientemente de los sentimientos encontrados que nos despierta el Juez por sus posibles subjetividades y adjetivaciones personales que emitió sobre el caso.
No surge del artículo del periodista Sietecase ni un atisbo de autocrítica, aceptando que fuimos demasiado soberbios al dictaminar que solo le pagaríamos a quien aceptase condiciones tan desventajosas del Canje I y del Canje II y el resto alpiste-perdiste.
No será demasiado decir que la “resolución del entuerto en los tribunales de Nueva York revela hasta qué punto el capital especulativo se impone a la política dentro de los Estados Unidos y no trepida en vulnerar derechos soberanos en el resto del mundo”.
Y esta afirmación: “La señal es clara y no deja dudas sobre quién manda y cómo son las cosas en el sistema financiero mundial” para qué vamos a verlo a Griesa, entonces, mandemos todo a la m.., no nos sometamos más al capital internacional que acepta reglas de juego, que nosotros repudiamos y las consideramos especulativas, abusivas, en categoría de extorsión, etc.
También agrega Sietecase que: “Eso es extorsión apoyada por el Poder Judicial de Estados Unidos”. Esta afirmación corre por cuenta de quien firma la nota, pero repetirla en un medio local, es como hacerla propia. Estamos declarando a un Poder de los EEUU “corrupto” alegremente…..
Y esta última es para una tribuna reducida: “una nueva avanzada financiera que amenaza ir sobre los recursos naturales de los países”.
Yo verifico, sin embarrarme en la política infértil, que estas afirmaciones no son una buena forma de explicarle al público que no entiende, de qué estamos hablando y porqué hemos llegado a esta instancia.
Si uno fuera un periodista de un país sin deuda pública, podría argumentar: Está bien lo que dice Sietecase, es así, no le busquemos más la vuelta; pero hete aquí, que todo lo que estamos haciendo, tiene por objetivo volver a emitir deuda soberana, cuyos adquirentes exigirán que en sus contratos de adhesión, exista una cláusula en donde explícitamente esté fijada la jurisdicción de New York para dirimir controversias, así que ¿cuánto durará el enjuiciamiento ético al Poder Judicial de los Estados Unidos si luego nos volvemos a someternos a él?.
Este es el típico caso de un artículo de vida efímera. Vale para la semana que fue escrito, pero si se lee al año, parecerá ridículo.
Era más que evidente que acreedores externos (entre los cuales hay muchos argentinos) que no aceptaron entrar al canje propuesto por Argentina, sea en grupo o litigando en solitario, lograrían algún día una sentencia favorable en la jurisdicción definida por los títulos de deuda, para dirimir controversias, esto es la Justicia de New York USA, porque la Ley Cerrojo dictada por el Gobierno Argentino en el año 2005, solamente obliga a nuestros jueces a rechazar demandas de pago de bonistas que no adhirieron oportunamente al canje, en causas que se dirimen en tribunales locales (Argentinos).
La Ley Cerrojo fue una jugada “sumamente riesgosa y delicada” ideada por el ex ministro Roberto Lavagna para asegurarse una alta aceptación al canje I, que buscaba reestructurar deuda en default por casi 100.000 millones de dólares y se promulgó el 10 de febrero de 2005. El artículo clave decía que el Poder Ejecutivo nacional no podrá reabrir el proceso de canje. “Si no entrás ahora, no entrás más” era el mensaje a los bonistas. Es difícil medir el efecto de la ley. En ese momento se logró una aceptación apenas superior al 76%.
Con Amado Boudou como ministro de Economía, el Gobierno impulsó una ley para suspender la vigencia de la ley cerrojo mientras duraba el Canje II. La ley no rigió entre el 10 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre del 2010 (período suspensivo). En ese lapso entraron al canje bonos por 18.000 millones de dólares, y definitivamente quedaron afuera bonos por 5.450 millones. Entre los dos canjes, se logró regularizar el 92% de la deuda defaulteada.
El 8% de deuda no reestructurada es la que nos complica las cosas ahora.
En el primer trimestre del año 2013 la Corte de Apelaciones de Nueva York, se expidió (en segunda instancia) y lo hizo ratificando el fallo del Juez Griesa, otorgándole un plazo a la Argentina que vencía el 29 de marzo (de 2013), para que presentase una propuesta de pago formal en el juicio que iniciaron en ese distrito los denominados fondos buitre, que reclaman un pago “cash” de US$ 1.330 millones.
El Gobierno entonces, comenzó a delinear una estrategia que atendiera dos aspectos fundamentales para arribar a una solución: formalizar una propuesta económica acatando la orden del Juez (no voluntaria) y girar al Congreso un proyecto de ley para suspender nuevamente y por un año, la denominada Ley Cerrojo.
El 5 de setiembre de 2013 la Nación Argentina aprobó una Ley que suspendía explícitamente (en su artículo 7) los efectos del cerrojo "hasta tanto el Congreso declare terminado el proceso de reestructuración" de los títulos públicos que seguían en default (el 8 % en cuestión). Establecía además -en el artículo 5- que el Ministerio de Economía debe "informar trimestralmente" al Congreso sobre los avances en la reestructuración, etc.
El Juez Griesa no define ni juzga cuestiones políticas; dictó su falló en un contrato impago, y ordenó cumplirlo (qué otra cosa puede hacer un Juez), independientemente de los sentimientos encontrados que nos despierta el Juez por sus posibles subjetividades y adjetivaciones personales que emitió sobre el caso.
No surge del artículo del periodista Sietecase ni un atisbo de autocrítica, aceptando que fuimos demasiado soberbios al dictaminar que solo le pagaríamos a quien aceptase condiciones tan desventajosas del Canje I y del Canje II y el resto alpiste-perdiste.
No será demasiado decir que la “resolución del entuerto en los tribunales de Nueva York revela hasta qué punto el capital especulativo se impone a la política dentro de los Estados Unidos y no trepida en vulnerar derechos soberanos en el resto del mundo”.
Y esta afirmación: “La señal es clara y no deja dudas sobre quién manda y cómo son las cosas en el sistema financiero mundial” para qué vamos a verlo a Griesa, entonces, mandemos todo a la m.., no nos sometamos más al capital internacional que acepta reglas de juego, que nosotros repudiamos y las consideramos especulativas, abusivas, en categoría de extorsión, etc.
También agrega Sietecase que: “Eso es extorsión apoyada por el Poder Judicial de Estados Unidos”. Esta afirmación corre por cuenta de quien firma la nota, pero repetirla en un medio local, es como hacerla propia. Estamos declarando a un Poder de los EEUU “corrupto” alegremente…..
Y esta última es para una tribuna reducida: “una nueva avanzada financiera que amenaza ir sobre los recursos naturales de los países”.
Yo verifico, sin embarrarme en la política infértil, que estas afirmaciones no son una buena forma de explicarle al público que no entiende, de qué estamos hablando y porqué hemos llegado a esta instancia.
Si uno fuera un periodista de un país sin deuda pública, podría argumentar: Está bien lo que dice Sietecase, es así, no le busquemos más la vuelta; pero hete aquí, que todo lo que estamos haciendo, tiene por objetivo volver a emitir deuda soberana, cuyos adquirentes exigirán que en sus contratos de adhesión, exista una cláusula en donde explícitamente esté fijada la jurisdicción de New York para dirimir controversias, así que ¿cuánto durará el enjuiciamiento ético al Poder Judicial de los Estados Unidos si luego nos volvemos a someternos a él?.
Este es el típico caso de un artículo de vida efímera. Vale para la semana que fue escrito, pero si se lee al año, parecerá ridículo.
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