Este jueves 20 de octubre comienza el proceso contra cuatro acusados por el centro clandestino de detención en un chalet ubicado en el predio de El Palomar.
Con 53 testigos citados y cuatro acusados, entre ellos el ex dictador Reynaldo Bignone, el 20 de octubre comenzará en el Tribunal Oral Federal 2 porteño el juicio por el centro clandestino de detención que funcionó en un chalet ubicado en el predio del Hospital Posadas, donde fueron secuestrados, torturados y desaparecidos médicos, enfermeras y vecinos de la zona en la última dictadura militar.
Tras dos postergaciones, finalmente el juicio arrancará el 20 de octubre a las 10 en los tribunales federales de Retiro con un tribunal renovado en su composición y que debutará con este proceso con jueces que juraron en sus cargos este mes: Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Gorini junto a Pablo Bertuzzi.
Estos magistrados serán los encargados de llegar a un veredicto en el primer tramo que juzgará lo ocurrido en el Posadas, centro asistencial público del partido de Morón, donde una patota parapolicial autobautizada "SWAT" tomó el control y desde un chalet destinado a vivienda del director del lugar y convertido en centro clandestino de detención conocido como "El Chalet".
Según se reconstruyó en la causa, el hospital fue intervenido por Bignone en un operativo militar con tanques y helicópteros apenas se concretó el golpe de Estado y se acusaba a sus profesionales de atender a miembros de "grupos subversivos" y ser "base ideológica" de la guerrilla, entre otras cosas.
Allí comenzaron las requisas a pacientes, profesionales y las detenciones ilegales con aplicación de tormentos de empleados que luego fueron sometidos a causas penales.
En una segunda etapa, se formó el grupo "Swat" con ex empleados de seguridad del mismo centro y policías exonerados y allí comenzaron las desapariciones.
Las audiencias se realizarán jueves y viernes y miércoles por medio en doble turno en Comodoro Py 2002 y están citados en principio 53 testigos, algunos de los cuales hablarán por videoconferencia desde sus lugares de residencia en el exterior, informaron a Télam fuentes del Tribunal Oral Federal 2.
En total habrá unos dos meses de audiencias y el debate arrancará sin cuarto juez suplente, según resolvió la Cámara Nacional de Casación Penal, al autorizar a quien iba a ocupar ese puesto, Bertuzzi, a integrarse al tibunal como tercer miembro fijo, porque quien ocupaba este rol, Jorge Tassara, pidió excusarse de participar del proceso.
Para el primer día de audiencias se prevé leer los requerimientos de elevación a juicio de fiscalía, querellas y del juez que instruyó el caso Daniel Rafecas y dar oportunidad a los acusados de hablar ante el Tribunal. Para el 21 de octubre ya están citados los primeros testigos de la ronda que se abrirá con la autora de un informe sobre lo ocurrido en el Posadas y seguirá con los tres querellantes del caso -dos sobrevivientes y la hija de un empleado secuestrado y desaparecido.
Para los días siguientes se prevé escuchar a sobrevivientes cuyos casos son parte del juicio, a otros que no se incorporaron pero igual darán testimonios y luego a testigos de los sucesos.
En total se juzgará lo ocurrido a 22 víctimas, seis de ellas desaparecidas y la fiscalía intentara demostrar que dos fueron asesinadas aunque nunca se encontraron sus cuerpos con el fin de agregar este delito a la acusación final, algo que no ha podido hacerse hasta el momento.
Bignone, Luis Muiña, Argentino Ríos e Hipólito Mariani llegarán en lo formal al banquillo procesados por privación ilegal de la libertad y tormentos en el centro clandestino de detención del Posadas que funcionó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
Según la acusación Muiña y Ríos integraron el grupo parapolicial que tomó control del hospital y del "chalet" y del cual la mayoría de sus integrantes ya fallecieron.
Pero los fiscales Javier De Luca y Guillermo Silva intentarán recolectar evidencia relativa a Jacobo Chester y Jorge Roitman, de quienes se tiene la certeza de que fueron asesinados pese a que nunca se encontraron los cuerpos. Precisamente la hija de Chester, Zulema, es querellante en el juicio y será una de las primeras en declarar sobre lo ocurrido a su padre, un técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia del hospital secuestrado el 27 de noviembre de 1976.
Este es el caso que más chance tiene de convertirse en una acusación por asesinato ya que el cuerpo de la víctima apareció en el río de la Plata el 2 de diciembre de ese año y en 1977 la familia obtuvo un certificado de defunción luego de un autopsia. Sin embargo, nunca les dieron el cuerpo y se les informó que estaba enterrado en el cementerio de Chacarita junto a otros cadáveres, que tras la vuelta de la democracia nunca aparecieron.
"El chalet" habría comenzado a funcionar como centro clandestino de detención en noviembre de 1976 y con anterioridad el hospital había quedado bajo control del Ejército, tras ser intervenido por Bignone el 28 de marzo de ese año en su rol de delegado de la "Junta del Ministerio de Bienestar Social". Posteriormente, el control lo asumió la Marina y allí se armó un supuesto grupo para defender al centro asistencial de "actos subversivos" y comenzó el secuestro de médicos, enfermeras y empleados.
Con 53 testigos citados y cuatro acusados, entre ellos el ex dictador Reynaldo Bignone, el 20 de octubre comenzará en el Tribunal Oral Federal 2 porteño el juicio por el centro clandestino de detención que funcionó en un chalet ubicado en el predio del Hospital Posadas, donde fueron secuestrados, torturados y desaparecidos médicos, enfermeras y vecinos de la zona en la última dictadura militar.
Tras dos postergaciones, finalmente el juicio arrancará el 20 de octubre a las 10 en los tribunales federales de Retiro con un tribunal renovado en su composición y que debutará con este proceso con jueces que juraron en sus cargos este mes: Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Gorini junto a Pablo Bertuzzi.
Estos magistrados serán los encargados de llegar a un veredicto en el primer tramo que juzgará lo ocurrido en el Posadas, centro asistencial público del partido de Morón, donde una patota parapolicial autobautizada "SWAT" tomó el control y desde un chalet destinado a vivienda del director del lugar y convertido en centro clandestino de detención conocido como "El Chalet".
Según se reconstruyó en la causa, el hospital fue intervenido por Bignone en un operativo militar con tanques y helicópteros apenas se concretó el golpe de Estado y se acusaba a sus profesionales de atender a miembros de "grupos subversivos" y ser "base ideológica" de la guerrilla, entre otras cosas.
Allí comenzaron las requisas a pacientes, profesionales y las detenciones ilegales con aplicación de tormentos de empleados que luego fueron sometidos a causas penales.
En una segunda etapa, se formó el grupo "Swat" con ex empleados de seguridad del mismo centro y policías exonerados y allí comenzaron las desapariciones.
Las audiencias se realizarán jueves y viernes y miércoles por medio en doble turno en Comodoro Py 2002 y están citados en principio 53 testigos, algunos de los cuales hablarán por videoconferencia desde sus lugares de residencia en el exterior, informaron a Télam fuentes del Tribunal Oral Federal 2.
En total habrá unos dos meses de audiencias y el debate arrancará sin cuarto juez suplente, según resolvió la Cámara Nacional de Casación Penal, al autorizar a quien iba a ocupar ese puesto, Bertuzzi, a integrarse al tibunal como tercer miembro fijo, porque quien ocupaba este rol, Jorge Tassara, pidió excusarse de participar del proceso.
Para el primer día de audiencias se prevé leer los requerimientos de elevación a juicio de fiscalía, querellas y del juez que instruyó el caso Daniel Rafecas y dar oportunidad a los acusados de hablar ante el Tribunal. Para el 21 de octubre ya están citados los primeros testigos de la ronda que se abrirá con la autora de un informe sobre lo ocurrido en el Posadas y seguirá con los tres querellantes del caso -dos sobrevivientes y la hija de un empleado secuestrado y desaparecido.
Para los días siguientes se prevé escuchar a sobrevivientes cuyos casos son parte del juicio, a otros que no se incorporaron pero igual darán testimonios y luego a testigos de los sucesos.
En total se juzgará lo ocurrido a 22 víctimas, seis de ellas desaparecidas y la fiscalía intentara demostrar que dos fueron asesinadas aunque nunca se encontraron sus cuerpos con el fin de agregar este delito a la acusación final, algo que no ha podido hacerse hasta el momento.
Bignone, Luis Muiña, Argentino Ríos e Hipólito Mariani llegarán en lo formal al banquillo procesados por privación ilegal de la libertad y tormentos en el centro clandestino de detención del Posadas que funcionó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
Según la acusación Muiña y Ríos integraron el grupo parapolicial que tomó control del hospital y del "chalet" y del cual la mayoría de sus integrantes ya fallecieron.
Pero los fiscales Javier De Luca y Guillermo Silva intentarán recolectar evidencia relativa a Jacobo Chester y Jorge Roitman, de quienes se tiene la certeza de que fueron asesinados pese a que nunca se encontraron los cuerpos. Precisamente la hija de Chester, Zulema, es querellante en el juicio y será una de las primeras en declarar sobre lo ocurrido a su padre, un técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia del hospital secuestrado el 27 de noviembre de 1976.
Este es el caso que más chance tiene de convertirse en una acusación por asesinato ya que el cuerpo de la víctima apareció en el río de la Plata el 2 de diciembre de ese año y en 1977 la familia obtuvo un certificado de defunción luego de un autopsia. Sin embargo, nunca les dieron el cuerpo y se les informó que estaba enterrado en el cementerio de Chacarita junto a otros cadáveres, que tras la vuelta de la democracia nunca aparecieron.
"El chalet" habría comenzado a funcionar como centro clandestino de detención en noviembre de 1976 y con anterioridad el hospital había quedado bajo control del Ejército, tras ser intervenido por Bignone el 28 de marzo de ese año en su rol de delegado de la "Junta del Ministerio de Bienestar Social". Posteriormente, el control lo asumió la Marina y allí se armó un supuesto grupo para defender al centro asistencial de "actos subversivos" y comenzó el secuestro de médicos, enfermeras y empleados.
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