LAS INICIARON LA FISCALÍA DE ESTADO BONAERENSE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y EL MUNICIPIO. ENTERÁTE QUÉ ESTÁN HACIENDO ALGUNAS FAMILIAS DESDE LA SEMANA PASADA ANTE LA CONFESIÓN DE SUS HIJOS.
Las falsas amenazas de bomba que provocaron un verdadero caos en Morón, distrito que acumuló un tercio de las intimidaciones públicas que ocurrieron en toda la provincia de Buenos Aires, dejaron ya de ocupar la primera plana de los medios porque mermaron en una cantidad notable. Sin embargo, las más de 500 causas que inició la justicia están en pleno proceso y hay previstos allanamientos para los próximos días.
Pero, luego de un trabajo de investigación de Primer Plano On Line que incluyó consultas con funcionarios judiciales y provinciales, éste medio está en condiciones de revelar algunos aspectos desconocidos hasta el momento de lo que ocurrió hasta el momento con los múltiples llamados intimidatorios que se sucedieron principalmente durante septiembre. Y una confirmación que circula por los pasillos de los tribunales: “Detrás de esto hay una organización que tiene recursos como la ex SIDE o algo por el estilo, de eso estoy convencido. Pero los chicos se subieron a una ola y son los que quedaron pegados”. Se lo dijo una fuente con acceso a los expedientes a éste medio.
Entre otros actores, para éste artículo fue consultado Guillermo Rodríguez Rey, representante de la Unidad Funcional de Menores, la fiscalía interviniente en las causas cuando sus autores son menores de 16 años, o sea, no punibles. El funcionario confirmó que ya solicitó el sobreseimiento de las chicas y chicos cuyas casas fueron allanadas al haberse detectado que las llamadas salieron desde los teléfonos celulares o caseros radicados en esos domicilios.
Pero ojo: la extinción de la acción penal no impide el reclamo civil, que ya iniciaron tanto la fiscalía de Estado bonaerense como la Dirección General de Cultura y Educación y el Municipio de Morón. En todos los casos contra los padres, madres o responsables de los menores. Ahí el planteo es netamente económico, y ronda un resarcimiento cercano a los 100 mil pesos. Una verdadera catástrofe para familias de clase media, como son en su mayoría.
Y hay otro elemento que revela Primer Plano On Line luego de las diversas averiguaciones que pudo constatar: desde la semana pasada ya son al menos diez padres que se presentan espontáneamente en la fiscalía a cargo de las investigaciones para contar que desde los teléfonos de sus hijos salieron las llamadas. En todos los casos, el argumento de los menores es que no fueron ellos sino que lo hicieron amigos o compañeros que les sacaron el celular.
Pero salvo que haya una denuncia previa a la intimidación por la pérdida o el robo del aparato, entonces haya sido quien haya sido el responsable del equipo sigue siendo el titular, en este caso, papá o mamá del joven en cuestión. Por lo tanto, ese argumento tampoco es válido en sede judicial. “Lo que temen las familias es la vergüenza de sufrir un allanamiento en sus domicilios con todo lo que eso implica, por eso optan por venir a la fiscalía de manera espontánea a presentar el reconocimiento del delito, sabiendo que el celular será secuestrado para el peritaje. Prefieren eso a que la Policía vaya a su casa y les lleve todos los equipos que disponen, que en muchos casos se utilizan para trabajar”, confió otra fuente que también tramita los expedientes.
Hay otros cuatro casos en que las juezas Clementina Landolfi y Cecilia Drago, de los juzgados de Garantías del Joven 1 y 2 de Morón, dispusieron cinco días de alojamiento en el Centro de Contención de La Plata para dos varones de 17 años que fueron autores de dos llamadas a sus propios colegios, y otros dos casos de chicas de 16 años que también fueron alojadas pero en el Centro de Contención de Agustín Ferrari, en Merlo. Luego de ese período quedaron en libertad pero ambas magistradas dispusieron, en los cuatro casos, la obligatoriedad del cambio de escuela y la asistencia a un tratamiento psicológico preferentemente en el ámbito privado.
Otra de las jóvenes demoradas en los procedimientos realizados por la Policía bonaerense
Fuente: Primer Plano
Pero, luego de un trabajo de investigación de Primer Plano On Line que incluyó consultas con funcionarios judiciales y provinciales, éste medio está en condiciones de revelar algunos aspectos desconocidos hasta el momento de lo que ocurrió hasta el momento con los múltiples llamados intimidatorios que se sucedieron principalmente durante septiembre. Y una confirmación que circula por los pasillos de los tribunales: “Detrás de esto hay una organización que tiene recursos como la ex SIDE o algo por el estilo, de eso estoy convencido. Pero los chicos se subieron a una ola y son los que quedaron pegados”. Se lo dijo una fuente con acceso a los expedientes a éste medio.
Entre otros actores, para éste artículo fue consultado Guillermo Rodríguez Rey, representante de la Unidad Funcional de Menores, la fiscalía interviniente en las causas cuando sus autores son menores de 16 años, o sea, no punibles. El funcionario confirmó que ya solicitó el sobreseimiento de las chicas y chicos cuyas casas fueron allanadas al haberse detectado que las llamadas salieron desde los teléfonos celulares o caseros radicados en esos domicilios.
Pero ojo: la extinción de la acción penal no impide el reclamo civil, que ya iniciaron tanto la fiscalía de Estado bonaerense como la Dirección General de Cultura y Educación y el Municipio de Morón. En todos los casos contra los padres, madres o responsables de los menores. Ahí el planteo es netamente económico, y ronda un resarcimiento cercano a los 100 mil pesos. Una verdadera catástrofe para familias de clase media, como son en su mayoría.
Y hay otro elemento que revela Primer Plano On Line luego de las diversas averiguaciones que pudo constatar: desde la semana pasada ya son al menos diez padres que se presentan espontáneamente en la fiscalía a cargo de las investigaciones para contar que desde los teléfonos de sus hijos salieron las llamadas. En todos los casos, el argumento de los menores es que no fueron ellos sino que lo hicieron amigos o compañeros que les sacaron el celular.
Pero salvo que haya una denuncia previa a la intimidación por la pérdida o el robo del aparato, entonces haya sido quien haya sido el responsable del equipo sigue siendo el titular, en este caso, papá o mamá del joven en cuestión. Por lo tanto, ese argumento tampoco es válido en sede judicial. “Lo que temen las familias es la vergüenza de sufrir un allanamiento en sus domicilios con todo lo que eso implica, por eso optan por venir a la fiscalía de manera espontánea a presentar el reconocimiento del delito, sabiendo que el celular será secuestrado para el peritaje. Prefieren eso a que la Policía vaya a su casa y les lleve todos los equipos que disponen, que en muchos casos se utilizan para trabajar”, confió otra fuente que también tramita los expedientes.
Hay otros cuatro casos en que las juezas Clementina Landolfi y Cecilia Drago, de los juzgados de Garantías del Joven 1 y 2 de Morón, dispusieron cinco días de alojamiento en el Centro de Contención de La Plata para dos varones de 17 años que fueron autores de dos llamadas a sus propios colegios, y otros dos casos de chicas de 16 años que también fueron alojadas pero en el Centro de Contención de Agustín Ferrari, en Merlo. Luego de ese período quedaron en libertad pero ambas magistradas dispusieron, en los cuatro casos, la obligatoriedad del cambio de escuela y la asistencia a un tratamiento psicológico preferentemente en el ámbito privado.
Otra de las jóvenes demoradas en los procedimientos realizados por la Policía bonaerenseFuente: Primer Plano
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